Por Karina A. Rocha Priego
Ciudadanos sometidos y sin defensa
La nueva reforma a la Ley de Amparo no es una modernización ni una mejora administrativa, es un golpe calculado para debilitar al único instrumento que los ciudadanos tenían frente al poder absoluto del Estado, lo que está en marcha, es la eliminación práctica del derecho a defenderse contra la arbitrariedad de un gobierno autoritario que ya no quiere obstáculos ni límites.
El ataque al interés legítimo
Uno de los cambios más devastadores es la mutilación del interés legítimo, hasta ahora cualquier ciudadano u organización podía recurrir al amparo cuando se afectaban derechos colectivos como el medioambiente, la salud pública o la preservación cultural, con la reforma sólo podrán hacerlo quienes acrediten un daño inmediato personal y diferenciable, en otras palabras si un megaproyecto destruye un bosque entero sólo podrá quejarse aquel que demuestre que su terreno colinda directamente, las organizaciones ambientales, los defensores de derechos humanos o los colectivos ciudadanos quedarán fuera, la puerta se cierra para el interés común y se abre de par en par para la impunidad oficial.
Suspensión castrada
Otro cambio clave es el debilitamiento de la suspensión del acto reclamado, antes este recurso detenía de manera temporal los abusos de autoridad mientras se resolvía el juicio, ahora las suspensiones estarán limitadas o simplemente no aplicarán en casos de normas generales o actos administrativos, el resultado es brutal, un despojo seguirá adelante, aunque luego se declare ilegal, una obra destructiva avanzará, aunque después sea inconstitucional, un embargo se consumará, aunque el afectado tenga razón, el gobierno podrá actuar sin freno porque la justicia llegará siempre tarde y cuando llegue ya no habrá nada que reparar.
Más filtros y más exclusión
La reforma introduce criterios de admisión más rígidos, lo que significa que los jueces podrán rechazar amparos con mayor facilidad – y miren que eso se les da bastante bien, hoy más que nunca por la “ignorancia” que demuestran- argumentando defectos de forma o falta de interés directo, se reducen plazos para promover recursos, lo que obliga a los ciudadanos a litigar con menos margen y a menudo sin preparación adecuada, lejos de acercar la justicia a la gente, se la aleja y se la encierra en un laberinto técnico que sólo unos cuantos expertos podrán sortear, el ciudadano común queda excluido y abandonado frente a la maquinaria legal del Estado.
La falsa modernización digital
El gobierno presume la digitalización de los juicios como una gran innovación, pero detrás del discurso tecnológico se esconde una nueva barrera, millones de mexicanos carecen de acceso confiable a internet o no tienen las habilidades para usar plataformas digitales judiciales, en lugar de acercar la justicia se le vuelve inaccesible para los más pobres y vulnerables, mientras tanto se presume eficiencia cuando en realidad se excluye a quienes más necesitan protección, la modernización se convierte en un filtro clasista y excluyente.
El poder absoluto como destino
El verdadero objetivo de la reforma es claro, el gobierno busca blindarse contra la sociedad, limitar los frenos judiciales, acelerar la imposición de sus decisiones y acallar la resistencia legal, con menos interés legítimo, con suspensiones debilitadas, con filtros más estrictos y con digitalización excluyente, el ciudadano se convierte en rehén de un poder sin freno, el Ejecutivo podrá avanzar en proyectos, expropiaciones, políticas y decisiones sin temor a ser detenido por los tribunales, la democracia pierde un contrapeso vital y el autoritarismo gana un terreno enorme.
Los riesgos para la vida cotidiana
Los efectos se sentirán en la vida diaria de los mexicanos, una comunidad que intente frenar la construcción de una termoeléctrica no podrá hacerlo porque no acreditará daño inmediato, un grupo de vecinos que busque detener una obra irregular verá cómo esta avanza sin suspensión posible, un ciudadano que impugne una multa arbitraria o un embargo quedará despojado mientras su juicio se tramita en silencio, las organizaciones de derechos humanos ya no podrán actuar como contrapeso ni dar voz a quienes no la tienen, la defensa legal se privatiza y se restringe a los casos más individuales, la colectividad queda indefensa y el poder queda liberado de toda contención.
Una democracia herida
La nueva Ley de Amparo hiere de muerte a la democracia mexicana, lo que antes era un recurso histórico de defensa contra los abusos de autoridad se convierte en una farsa procesal, lo que antes fue un escudo ahora es un cascarón vacío, los mexicanos estarán más indefensos que nunca, sometidos a los designios de un gobierno que concentra poder y que ahora se blinda legalmente contra cualquier resistencia ciudadana, se nos vende progreso, pero lo que recibimos es sumisión, se nos promete modernización pero lo que se impone es autoritarismo, lo que se mutila no es sólo una ley, sino la esencia misma de los derechos ciudadanos.
En pocas palabras
Con esta reforma el mensaje es contundente, los ciudadanos deben obedecer sin cuestionar, deben soportar sin protestar, deben resignarse a que el poder es intocable, la Ley de Amparo deja de ser el arma del pueblo contra el abuso y se convierte en un adorno que legitima la arbitrariedad, en adelante cualquier intento de defensa estará condenado al fracaso y cualquier resistencia será inútil, México queda a merced de un gobierno que actúa como juez y parte, sin contrapesos y sin límites, el ciudadano pierde su última línea de defensa y se sella un pacto de indefensión donde la justicia se vuelve un mito y la sumisión una obligación.
