* Red de impunidad con nombre y apellido……
Por Karina A. Rocha Priego
Parece mentira, pero en un clima político donde se presume cero corrupción, el discurso de la transformación se desmorona día con día, y no por obra de sus adversarios, sino por el cinismo con el que se conducen quienes ostentan el poder desde la trinchera de Morena, el Gobierno Federal se ha vuelto un escudo de protección para servidores públicos que deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia, empezando por Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya trayectoria está plagada de señalamientos por desvíos de recursos, tráfico de influencias y pactos inconfesables, su paso por la política local y nacional ha dejado una estela de opacidad, contratos amañados y favores políticos disfrazados de «proyectos de nación».
No es el único, pero sí el emblema más representativo de esa estructura que premia la lealtad por encima de la legalidad, a su alrededor gravita un séquito de personajes sin escrúpulos que, protegidos por el blindaje político de la llamada Cuarta Transformación, han hecho del erario una bolsa privada.
En Tabasco, su bastión, se multiplican las denuncias por adjudicaciones directas, licitaciones manipuladas y empresas «fantasma», sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República mueva un dedo, el aparato de justicia no sólo es omiso, es cómplice, y esa complicidad ya no se puede maquillar con conferencias mañaneras ni con spots de campaña.
La corrupción ya tiene colores y siglas
Morena llegó al poder con una promesa que resonó en todos los rincones del país, no robar, no mentir, no traicionar pero, bien se dice «… Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”, y esa triada moral se ha convertido en un mantra hueco, repetido con descaro por quienes día con día violan cada uno de sus postulados, los actos de corrupción dentro del partido oficialista no son casos aislados, son prácticas sistemáticas, protegidas desde el más alto nivel, y ejecutadas con total impunidad.
Los casos se acumulan, desde los moches en programas sociales hasta las irregularidades en la construcción de obras emblemáticas, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, los sobrecostos, los contratos entregados a empresas vinculadas a amigos y familiares de funcionarios, y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, son sólo la punta del iceberg, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado inconsistencias multimillonarias, pero las carpetas de investigación duermen el sueño de los justos, mientras los señalados continúan en sus cargos o son premiados con nuevas posiciones.
El silencio de Sheinbaum ensordece
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, la expectativa ciudadana fue clara, limpiar la casa, corregir el rumbo, demostrar que el relevo en Palacio Nacional no significaba continuidad ciega, sino una nueva etapa de transparencia; sin embargo, la realidad ha sido decepcionante, lejos de marcar distancia con los corruptos del pasado reciente, ha optado por mantener el pacto de impunidad que garantiza la estabilidad interna de Morena, aunque sea a costa de la credibilidad del gobierno.
La presidenta ha evitado pronunciarse sobre casos emblemáticos, como el del propio Adán Augusto, o el de Rocío Nahle y su caudal de propiedades inexplicables, o los contratos opacos del IMSS-Bienestar en varios estados del sur, su estrategia es el mutismo selectivo, la evasión discursiva, y la promesa vaga de «revisar» y «actuar si es necesario», pero la ciudadanía ya no se conforma con promesas, exige cuentas claras, exige justicia, exige coherencia entre el discurso y la acción.
Un sistema que se protege a sí mismo
El problema no es un funcionario corrupto, el problema es todo un sistema de protección construido para blindarlos, desde la Fiscalía hasta la Unidad de Inteligencia Financiera, pasando por el Congreso y la mayoría morenista que bloquea cualquier intento de fiscalización seria, los contrapesos están neutralizados, y la transparencia es una simulación montada para consumo mediático.
Mientras tanto, la corrupción no sólo persiste, se institucionaliza, se normaliza, se justifica bajo el argumento de que «los de antes robaban más», como si ese fuera el nuevo estándar ético de la 4T, el pueblo ya no compra ese discurso, porque los efectos de la corrupción se sienten en la calle, en los hospitales sin medicinas, en las escuelas sin mantenimiento, en las obras inconclusas y en los servicios públicos deteriorados.
El desgaste moral del proyecto obradorista
Morena llegó con una legitimidad abrumadora, pero cada acto encubierto, cada corrupto protegido, cada carpeta archivada, erosiona su capital político, el proteccionismo que ejercen sobre sus funcionarios corruptos no sólo es un agravio legal, es un insulto a la inteligencia de millones de mexicanos que creyeron en el cambio, el desgaste moral de la 4T es hoy su mayor amenaza, no sus enemigos políticos.
Hoy el Gobierno Federal no combate la corrupción, la administra, la encubre, la redistribuye entre los leales, y Claudia Sheinbaum, lejos de romper con ese modelo, lo está profundizando, la historia dirá si tuvo el valor de limpiar su gobierno o si eligió ser cómplice silenciosa de una maquinaria que se traga cualquier asomo de ética.
La exigencia es clara, la paciencia se agota
El país no necesita discursos, necesita justicia, la ciudadanía no quiere excusas, quiere resultados, quiere ver a los corruptos pagando por sus delitos, no reciclando cargos ni aspirando a nuevas candidaturas, si el gobierno de Sheinbaum no rompe con la red de protección que blinda a personajes como Adán Augusto y su camarilla, entonces estará traicionando la esencia misma del movimiento que dice representar.
Encubrir no es gobernar, proteger al corrupto no es luchar contra la corrupción, el verdadero cambio no empieza con aplausos ni con propaganda, empieza con decisiones incómodas, con voluntad política, con valentía para ir contra los de casa, y hoy, más que nunca, México exige ese tipo de liderazgo.
Los intocables de Morena
Aquí, algunos nombres de servidores públicos de Morena que han sido señalados públicamente por presuntos actos de corrupción, con breves datos. No todos han sido condenados, algunos aún con denuncias o investigaciones abiertas:
Adán Augusto López Hernández, acusado de recibir depósitos millonarios no declarados, operar empresas ‘fantasma’ y financiar campañas con recursos de procedencia opaca.
Rocío Nahle García, señalada por desvíos multimillonarios en la construcción de Dos Bocas y por acumulación inexplicable de propiedades.
Manuel Bartlett Díaz, implicado en omisión de bienes en su declaración patrimonial, vínculos con contratos asignados a familiares y presunta corrupción histórica.
Mario Delgado Carrillo, vinculado a posibles financiamientos irregulares de campañas, omisiones en casos como la Línea 12 del Metro y falta de fiscalización interna en Morena.
Félix Salgado Macedonio, acusado de delitos sexuales, protegido políticamente, pese a múltiples denuncias, y envuelto en sospechas de financiamiento ilegal, entre otros.
