Empresas presuntamente vinculadas a la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, recientemente sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, han sido proveedoras de instituciones públicas en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Según información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, al menos siete de estas compañías recibieron 630 contratos por adjudicación directa entre 2018 y el primer semestre de 2025, con un valor total de 35.7 millones de pesos.
