Durante una audiencia en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley de Amparo, juristas y académicos hicieron un llamado a los legisladores para eliminar el cambio propuesto al artículo quinto, argumentando que restringe derechos y representa un retroceso respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2013.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, incluye un nuevo párrafo que fue modificado por el Senado tras recibir múltiples críticas, pero que, según los expertos, sigue afectando el acceso a la justicia, especialmente en los juicios colectivos y en los casos promovidos por organizaciones civiles.
