Nueve de los 15 principales líderes de grupos criminales que han sido expulsados o extraditados desde México hacia los Estados Unidos en el último año, ya han aceptado acuerdos de culpabilidad o se encuentran en vías de hacerlo, a cambio de obtener reducciones de penas o condiciones de encarcelamiento menos extremas.
Para el gobierno de Donald Trump es una doble victoria, pues, a la par de ganar los casos sin la inversión de tiempo y dinero de un juicio, obtendrá en estos delincuentes de alto nivel a potenciales testigos colaboradores para iniciar o fortalecer investigaciones criminales en curso, pero también para sacar adelante otro tipo de acciones como las sanciones a través de las listas de OFAC, o la cancelación de visas.
