Por Karina A. Rocha Priego
El Congreso mexicano se prepara para debatir una iniciativa que podría marcar uno de los mayores retrocesos democráticos de las últimas décadas, bajo el disfraz de una reforma “técnica” a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el Gobierno Federal busca someter a las iglesias a una supervisión digital que las obligaría a “sujetarse a lineamientos” dictados por una agencia del propio Ejecutivo, con el pretexto de garantizar la “neutralidad de la red” y prevenir “discursos de odio”.
Detrás de esa redacción aparentemente inocente se oculta una maniobra calculada: controlar la palabra de la fe, vigilar la conciencia colectiva y convertir a los ministros de culto en voceros domesticados.
El régimen quiere que cada sermón, cada mensaje, cada publicación en redes sociales pase por el filtro del poder, no se trata de proteger derechos digitales, sino de imponer una mordaza.
El oficialismo intenta vender la iniciativa como una modernización ante el avance tecnológico, pero en realidad es una pieza más en el rompecabezas del control estatal y la supuesta neutralidad digital se convierte en excusa para acallar críticas sociales y morales, sobre todo cuando provienen de voces que aún conservan autoridad entre el pueblo.
Lo que se busca es domesticar la conciencia, convertir la espiritualidad en una extensión del discurso político.
El disfraz de la modernidad
El discurso de la “neutralidad” es una trampa, el gobierno promete proteger a la sociedad de discursos de odio, pero al mismo tiempo ataca a periodistas, académicos y organizaciones civiles que se atreven a cuestionarlo.
La contradicción es evidente: quien reprime la crítica no defiende la libertad, la destruye, y si hoy se regula lo que un sacerdote puede publicar, mañana se regulará lo que un ciudadano puede decir, y pasado mañana, lo que puede pensar.
La censura moderna ya no necesita cárceles ni hogueras, le bastan algoritmos y reglamentos ambiguos; la burocracia digital sustituye a la policía política; la mordaza llega envuelta en lenguaje técnico y decretos “por el bien del pueblo”.
En ese contexto, la fe se vuelve el último refugio de pensamiento libre, por eso ahora se busca someterla.
México ya conoce el costo de los gobiernos que se creen dueños de la conciencia, las persecuciones religiosas del siglo pasado fueron el fruto de una visión de Estado que confundía laicidad con sometimiento.
Hoy la historia se repite, pero con herramientas nuevas, ya no se exilia al clero, se le silencia con leyes; ya no se incendian templos, se apagan micrófonos, la persecución moderna es digital y se ejecuta con un clic.
La fe no pide permiso
La Iglesia, más allá de credos o jerarquías, ha sido una voz moral y social en momentos en que el poder perdió el rumbo, ha denunciado abusos, ha acompañado a los olvidados y ha recordado que la dignidad humana no depende de un programa gubernamental.
Por eso estorba a un régimen que pretende controlarlo todo; la libertad religiosa es un obstáculo para el poder absoluto, porque quien cree, piensa, y quien piensa, no se somete, y la reforma que hoy se discute no es un accidente, es parte de un patrón.
Morena y el Gobierno Federal han demostrado que cada ajuste legal, cada cambio institucional y cada ataque a la crítica persiguen un mismo objetivo: desmantelar los contrapesos para instaurar un modelo político basado en la obediencia y la dependencia.
No es casual que esta iniciativa llegue justo cuando el país vive un deterioro en la libertad de prensa, en la división de poderes y en la independencia de las instituciones.
El control de la fe es el siguiente paso en la ruta hacia el sometimiento total; el régimen sabe que quien controla la conciencia controla al pueblo, y quien domina la palabra domina la verdad. Por eso disfrazan de “regulación” lo que en realidad es censura, porque no toleran una voz que hable de valores, de ética o de justicia fuera del guion oficial.
El verdadero rostro del proyecto
Todo encaja: los ataques a los jueces, la persecución mediática, la propaganda disfrazada de comunicación social, y ahora, el intento de ponerle bozal a la Iglesia.
Cada movimiento del partido en el poder responde a una misma estrategia: imponer, le guste al mexicano o no, un sistema político socialista donde el Estado controla la economía, la conciencia y la voz del ciudadano.
El llamado “socialismo mexicano” no busca igualdad ni bienestar, busca dominación, en nombre del pueblo se empobrece al pueblo, mientras una nueva élite política se enriquece con los recursos públicos.
El modelo es claro: mantener a la gente dependiente de los programas sociales, destruir la autonomía individual y convertir la pobreza en herramienta de control, así funciona el socialismo que prometen: pocos con poder, millones con hambre.
La libertad, poco a poco, se cambia por dádivas, y la dignidad por sumisión, en ese contexto, la voz de la Iglesia es peligrosa porque recuerda al pueblo que existe algo más alto que el poder político: la conciencia y es por eso que buscan silenciarla.
México está a punto de cruzar una línea que no tiene regreso y si permitimos que el Estado decida lo que la fe puede decir, pronto decidirá lo que todos podemos pensar.
La “Cuarta Transformación” se perfila como una dictadura de la conciencia, un régimen que reparte migajas mientras devora libertades.
El pueblo, cansado y distraído, no advierte que bajo el discurso de justicia se construye una maquinaria de control que acabará con su voz.
Morena no quiere un México libre, quiere un México sometido, un país de ciudadanos agradecidos por sobrevivir mientras unos cuantos se reparten el botín de la nación y si el pueblo no despierta, si no defiende su derecho a creer, a pensar y a hablar, terminará aplaudiendo su propia miseria.
La libertad no se mendiga ni se concede, se defiende y defenderla hoy implica alzar la voz, antes de que el silencio se vuelva obligatorio y el hambre, institucional.
