* Reglas duras en papel, impunidad en la calle……
Por Karina A. Rocha Priego
La simulación gubernamental en materia de movilidad y medioambiente en el Valle de México ha alcanzado niveles insostenibles, mientras las autoridades presumen regulaciones más estrictas para motociclistas y programas ambientales como el Hoy No Circula, la realidad en las calles exhibe un sistema rebasado, permisivo y profundamente contradictorio, donde la ley se aplica de manera selectiva y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias de una política pública mal diseñada.
Reglas que nadie respeta
El discurso oficial insiste en que las disposiciones para motociclistas se han endurecido, que ahora hay mayores requisitos, licencias especializadas, cascos certificados y sanciones más altas, sin embargo, basta recorrer cualquier avenida de la Ciudad de México, la zona conurbada o el Valle de Toluca para comprobar que dichas reglas son letra muerta, motociclistas circulando sobre banquetas, invadiendo ciclovías, rebasando por la derecha, transportando a más de dos personas y operando sin placas, sin seguro y sin el menor respeto por la ley.
La autoridad observa, tolera o simplemente participa en esta dinámica de desorden, porque la aplicación de la ley no responde a criterios de seguridad, sino a intereses políticos y económicos, el resultado es un entorno vial caótico donde quienes cumplen las reglas son castigados y quienes las violan encuentran espacios de impunidad.
El negocio de la tolerancia
No se trata de incapacidad institucional, sino de una estructura que ha normalizado la corrupción como mecanismo de operación, los transportistas y motociclistas representan un sector políticamente útil, movilizan personas, generan presión social y, sobre todo, representan votos, por eso son intocables.
Al mismo tiempo, para muchos agentes de tránsito, estos sectores representan ingresos informales constantes, las llamadas «mordidas» que permiten que unidades irregulares sigan circulando sin consecuencias, la ley se negocia en cada esquina, se adapta a conveniencia y pierde completamente su carácter normativo.
Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta verificaciones obligatorias, restricciones de circulación, multas elevadas y el riesgo permanente de ser sancionado incluso por faltas menores, el mensaje es claro, la ley no es para todos, es para quien no tiene cómo evadirla.
Víctimas sin prioridad
El problema no es únicamente administrativo, es profundamente humano, los accidentes de tránsito relacionados con motocicletas han aumentado de manera alarmante, dejando víctimas mortales diariamente, conductores, acompañantes e incluso familias enteras que pierden la vida en un sistema que no garantiza seguridad para nadie.
A pesar de ello, la narrativa institucional sigue privilegiando a ciertos sectores, incluso en accidentes donde la responsabilidad recae claramente en motociclistas o transportistas, las consecuencias legales suelen inclinarse en contra del automovilista, generando un sentimiento generalizado de injusticia.
El espacio público ha sido cedido a la improvisación, donde la movilidad dejó de ser un derecho ordenado para convertirse en una competencia salvaje por sobrevivir en la calle.
Contradicción ambiental
En paralelo, el discurso ambiental resulta igual de incoherente, mientras se restringe la circulación de vehículos particulares bajo el argumento de reducir emisiones, se permite que otros medios altamente contaminantes operen sin limitación alguna, motocicletas, transporte público obsoleto, unidades de carga y servicios urbanos circulan todos los días sin restricciones reales.
El programa Hoy No Circula se presenta como una política ambiental, pero en la práctica funciona más como un mecanismo recaudatorio y de control selectivo, castiga al ciudadano que depende de su vehículo particular mientras tolera fuentes constantes de contaminación que, en conjunto, tienen un impacto mucho mayor en la calidad del aire.
Esta contradicción no solo evidencia una falta de estrategia integral, sino también una ausencia total de voluntad política para enfrentar el problema de fondo, porque hacerlo implicaría regular sectores que hoy son políticamente intocables.
Desorden metropolitano
La falta de coordinación entre la Ciudad de México y el Estado de México agrava aún más el problema, cada entidad aplica sus propias reglas, genera confusión entre conductores y abre espacios adicionales para la evasión, permisos de otros estados, vacíos legales y criterios distintos convierten al Valle de México en un mosaico de normativas que nadie entiende y pocos respetan.
En lugar de construir una política metropolitana sólida, las autoridades han optado por administrar el caos, dejando que el problema crezca mientras se anuncian medidas que difícilmente se traducen en resultados reales.
Ciudadanos como rehenes
En este contexto, los ciudadanos quedan atrapados entre la simulación y la impunidad, pagan impuestos, cumplen verificaciones, respetan restricciones y aún así enfrentan un entorno inseguro, contaminado y desordenado.
La política pública en movilidad y medio ambiente ha dejado de ser una herramienta de bienestar para convertirse en un instrumento de control desigual, donde las decisiones no se toman con base en evidencia ni en beneficio colectivo, sino en cálculos políticos de corto plazo.
Lo más grave es que esta situación no parece ser una prioridad real para quienes gobiernan, mientras el discurso se llena de promesas de orden y sustentabilidad, la calle sigue siendo territorio de nadie.
Urgencia de cambio real
Si no se rompe esta lógica de simulación, el problema seguirá creciendo, se requieren medidas verdaderamente integrales, aplicación uniforme de la ley, eliminación de privilegios sectoriales y una estrategia ambiental que atienda todas las fuentes de contaminación sin excepciones disfrazadas.
De lo contrario, el Valle de México seguirá siendo un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden fracasar cuando se subordinan a intereses políticos y económicos, dejando a la ciudadanía como rehén de un sistema que no regula, no protege y tampoco corrige.
Porque al final, lo que hoy se vive en las calles no es un problema de movilidad; es el reflejo de un Estado que decidió tolerar el desorden en lugar de gobernar.
