La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el nuevo procedimiento obligatorio que exige desde el 9 de enero la vinculación del registro de números celulares a la identidad de personas físicas o morales, como parte de la estrategia nacional contra delitos como la extorsión. En los primeros días de implementación, usuarios reportaron problemas técnicos, fallas de seguridad y complicaciones logísticas en los portales de diversas compañías telefónicas.
