Madres que rastrean matorrales con palos buscando restos. Carteles desgastados pegados en postes. Huesos blanqueados por el sol como único rastro de quienes un día estuvieron. Esa es la imagen cotidiana de la crisis de desapariciones en México, el mayor desafío de derechos humanos que enfrenta el país. Pero ahora, según un reportaje del diario británico The Guardian, hay una nueva amenaza: que el propio Estado borre a los desaparecidos de los registros oficiales. El detonador fue un reporte reciente presentado por el gobierno mexicano. De acuerdo con la investigación del medio británico, mediante el cruce de registros de desaparición con documentos como declaraciones fiscales, actas de matrimonio y registros de vacunación, las autoridades concluyeron que 40 mil 308 personas —aproximadamente el 31 por ciento del total registrado— mostraron actividad en bases de datos estatales, lo que indicaría que probablemente siguen con vida. A través de este método, lograron localizar a 5 mil 269 personas.
