Con más de 133,000 personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad del 99.6%, Amnistía Internacional urgió al gobierno mexicano a declarar la crisis de desapariciones como emergencia nacional, respaldando la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada un mecanismo excepcional de la ONU reservado para situaciones de gravedad extrema que abre un canal de diálogo directo y formal con el Estado mexicano.
