Washington intensificó su ofensiva contra el gobierno cubano al incorporar nuevas entidades y funcionarios a su lista de sancionados, en una acción que combina el señalamiento por presunta explotación laboral en los programas de cooperación médica con un nuevo golpe al entramado energético de la isla.
Las autoridades estadounidenses ampliaron el alcance de sus medidas para incluir organismos vinculados al sistema mediante el cual Cuba envía profesionales de la salud a otros países. Washington sostiene desde hace tiempo que este mecanismo opera bajo condiciones asimilables al trabajo forzoso, argumentando que el Estado cubano se queda con una porción considerable de los ingresos que generan estos especialistas en el extranjero, en detrimento de quienes prestan el servicio.
Como parte de esta línea de acción, fueron sancionadas dos figuras del gobierno cubano: la responsable de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón, y el titular del Ministerio de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Ambos quedan ahora sujetos a las restricciones que Washington aplica a quienes considera responsables de sostener este esquema.
