Hoy, más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal y en la Ciudad de México, cientos de miles de personas se dedican al comercio en la vía pública, “pero no son solo ellas: detrás de cada persona hay una familia, en total casi dos millones de personas dependen directamente de esta actividad para vivir y a nivel nacional más de 30 millones”.
Lo anterior fue señalado desde la tribuna del Congreso capitalino por la diputada local y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, quién señaló que la economía informal aporta alrededor del 22% del Producto Interno Bruto Nacional y que el comercio popular no es marginal: es estructural pero que además permite que millones de personas accedan a productos a bajo costo.
Cabe señalar que fue “el día de ayer martes 24 de marzo presento ante dicha soberanía una Iniciativa para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de ordenamiento del comercio en el espacio público, con un objetivo muy claro: reconocer y garantizar los derechos de miles de personas que, todos los días, salen a trabajar para sostener a sus familias desde la vía pública.
La iniciativa propone reformar los artículos 10, 12 y 13 de la citada Constitución para reconocer plenamente al comercio en vía pública como una actividad con derechos, establecer reglas claras y otorgar certeza jurídica”.
Asimismo, señaló que sin este comercio, la ciudad sería más cara, más desigual y excluyente, además que “el comercio sostiene la cultura popular y detiene la gentrificación”.
Comerciantes criminalizados
Por otro lado, denunció que quienes viven de esta actividad han sido históricamente tratados con desconfianza, con criminalización y, muchas veces, con violencia institucional. Y dejó en claro que más del 70 por ciento de ellos no tiene acceso a seguridad social, y el 80 por ciento no tiene acceso a servicios de salud pero eso sí, trabajan bajo el sol, la lluvia, el frío, sin garantías mínimas y con todo eso resisten, la legisladora durante su lectura recordó que cerca del 60 por ciento de quienes ejercen el comercio en la vía pública son mujeres, muchas de ellas jefas de familia.
Por lo que con voz clara y fuerte dijo “desde esta tribuna tengo un mensaje para todas las mujeres en la política: si somos feministas de verdad, si creemos en la igualdad sustantiva, tenemos que mirar a las comerciantes, sin las de abajo, sin las que trabajan en las calles, sin las que ponen sus puestos, sin las que nos alimentan en las calles: no hay ciudad”.
Por eso pidió la representante popular construir y escuchar a las comerciantes : “escuchémoslas, porque cuando una autoridad, sea una alcaldesa o quien sea, retira con violencia a madres, mujeres trans y abuelas, de sus puestos de trabajo, no solo es negarles el sustento, es una injusticia estructural”.
Además, agregó que negarles el derecho al espacio público no es ordenar la ciudad: es profundizar la desigualdad, “por eso, hablar de comercio popular es hablar de derechos como es el trabajo digno, a la no discriminación, a la seguridad jurídica y del derecho a la ciudad”.
Sobre el reordenamiento, la legisladora Sánchez Barrios reconoció que es necesario: “nadie lo niega, vivimos en una ciudad compleja, con más de 9 millones de habitantes pero el orden no puede significar expulsión o quitarle a alguien su única fuente de ingreso de un día para otro, un verdadero reordenamiento, con justicia social, tiene que construirse con las y los comerciantes, no contra ellos, tiene que incluir censos claros, participación real y alternativas viables, se trata de pasar de la tolerancia a la garantía de derechos”.
Para cerrar su lectura agregó que el comercio popular en la vía pública es, en última instancia, una lucha por la dignidad humana, así como es el rostro humano de una economía social que existe y resiste, “hay algo que no podemos seguir ignorando: El derecho a vivir y trabajar con dignidad en la ciudad que también les pertenece a los comerciantes populares”.
