Por Karina A. Rocha Priego
La reforma electoral aún no se aprueba, pero ya exhibe el intento de convertir la democracia en herramienta del poder.
El debate político en México dejó de ser una discusión de propuestas para convertirse en una disputa por el control de las reglas, el llamado Plan B no sólo tensiona al sistema electoral, exhibe una intención más profunda, rediseñar la democracia para que funcione a favor del poder, el artículo 35 es el mejor ejemplo de esa lógica, una pieza que parecía técnica, pero escondía una jugada política de alto calibre.
La trampa del artículo 35
El corazón del problema no está en el discurso oficial, está en lo que se intentaba hacer con la revocación de mandato, la propuesta abría la puerta para adelantarla y empatarla con procesos electorales, lo que en apariencia podría venderse como participación ciudadana, en realidad implicaba algo mucho más delicado, convertir a la titular del Ejecutivo en protagonista permanente de campañas.
Esta no es una reforma menor, es una redefinición del juego político, porque permitir que quien gobierna recorra el país bajo el argumento de la revocación no es ejercicio democrático, es campaña institucionalizada, es colocar al poder en una posición de ventaja frente a cualquier oposición.
La frase que resume esta maniobra es simple, no se trataba de que el pueblo decidiera si se va o se queda, se trataba de que el poder utilizara al pueblo para mantenerse.
Democracia convertida en estrategia
La lógica detrás del artículo 35 es profundamente preocupante, pues transforma un mecanismo ciudadano en una herramienta política, la revocación deja de ser un control del poder para convertirse en su extensión, deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en un recurso electoral.
Esto rompe de raíz el principio de equidad, porque ningún actor político puede competir contra la estructura del Estado, cuando el gobierno entra a la cancha con recursos, exposición mediática y narrativa institucional, la competencia no es justa.
No es una suposición, es una consecuencia lógica de las reglas planteadas, el poder no sólo gobernaría, también haría campaña con ventajas estructurales, algo que contradice cualquier estándar democrático.
El riesgo de una cancha dispareja
Uno de los principios fundamentales de cualquier sistema electoral es la imparcialidad, el artículo 35 planteaba exactamente lo contrario, un escenario donde el Ejecutivo podría influir directa o indirectamente en los procesos electorales.
Esto no sólo afecta a los partidos de oposición, sino a la credibilidad del sistema, porque cuando las reglas favorecen a uno de los jugadores, los resultados dejan de ser confiables y la percepción de inequidad es suficiente para erosionar la legitimidad.
La señal de fondo
Aunque el artículo 35 no ha sido aprobado y ha enfrentado resistencias, su simple planteamiento revela la intención de fondo, no se trataba de mejorar la participación ciudadana, se trataba de abrir un espacio legal para que el poder operara políticamente en momentos clave.
Esa señal es la que debería preocupar, porque de-muestra que la reforma no está guiada por criterios técnicos, sino por cálculos políticos, el diseño institucional se adapta al proyecto de gobierno, no al interés público.
Y eso, queridos lectores, es exactamente lo que, históricamente, ha debilitado a las democracias, cuando las reglas se ajustan al poder, el sistema deja de ser confiable.
El debilitamiento del árbitro
El artículo 35 no puede analizarse de forma aislada, forma parte de una reforma más amplia que apunta a reducir capacidades del órgano electoral, limitar su estructura y comprometer su independencia, en pocas palabras, debilitar al árbitro mientras se fortalece al jugador en el poder.
Improvisación o cálculo
Otro elemento que no puede ignorarse es la manera en que se construyó esta propuesta, sin consenso, con prisa y con inconsistencias incluso, con errores garrafales, lo que en apariencia podría interpretarse como improvisación, en realidad parece responder a una lógica distinta, avanzar rápido para evitar resistencias, pero quedó claro que el sumiso equipo de Claudia Sheinbaum, cumplió sus órdenes de armar el ya famoso Plan B, sabedor de su derrota en el Congreso de la Unión, pero este, sin tener la más remota idea de lo que estaba haciendo. Aún así, “la borregada” aprobó.
Las reformas electorales no pueden hacerse bajo presión política, requieren análisis profundo, acuerdos amplios y legitimidad social, cuando eso no ocurre, el resultado no es modernización, es conflicto y, estarán de acuerdo: México no está en condiciones de abrir un nuevo frente de incertidumbre electoral.
La normalización del riesgo
Quizá lo más preocupante no es la propuesta en sí, es la manera en que se ha normalizado, como si modificar reglas fundamentales fuera parte del juego cotidiano, como si el riesgo institucional fuera un costo aceptable.
La democracia no se destruye de un día para otro, se erosiona con decisiones como esta, con reformas que parecen técnicas, pero tienen implicaciones profundas, con discursos que minimizan los riesgos mientras se reconfigura el sistema.
El artículo 35 es precisamente eso, un cambio aparentemente menor con consecuencias estructurales.
Un país que ya vivió esto
México tiene memoria, ya vivió un sistema donde el poder controlaba las elecciones, donde el gobierno era juez y parte, donde la competencia era desigual, costó décadas construir instituciones que permitieran cierta equidad y, volver a abrir la puerta a ese modelo no es un error técnico, es una abusiva decisión política.
Y es ahí donde la crítica debe ser contundente, porque no se trata de una reforma más, sino de la posibilidad de alterar el equilibrio democrático.
El artículo 35 no era un ajuste, era una trampa, una jugada para convertir un mecanismo ciudadano en plataforma política, una manera de legitimar la presencia del poder en las campañas bajo el disfraz de participación y que no se haya aprobado no significa que el riesgo haya desaparecido, sino que la intención quedó expuesta.
La democracia no puede depender de la buena voluntad del poder, necesita reglas claras, árbitros fuertes y límites definidos, porque cuando el poder busca competir con ventaja, lo que está en juego no es una elección, es la esencia misma del sistema democrático mexicano.
