* Estado aprieta, el ciudadano paga……
Por Karina A. Rocha Priego
El debate sobre la sostenibilidad de los programas sociales en México ya no es técnico, es político, es urgente y es profundamente incómodo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido convertir el gasto social en su principal bandera, pero también en su mayor vulnerabilidad, porque detrás del discurso de derechos y justicia social se esconde una realidad mucho más cruda, el dinero no alcanza y las alternativas comienzan a agotarse.
El modelo que no cuadra
Durante años, el presupuesto federal ha sido reconfigurado para privilegiar transferencias directas, pensiones, becas y apoyos universales, una estrategia que políticamente resulta rentable pero financieramente insostenible si no se acompaña de ingresos estructurales sólidos, el problema es que México sigue recaudando poco en comparación con economías similares, y la negativa a una reforma fiscal profunda sólo patea el problema hacia adelante.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido que hacer malabares, recortar aquí, ajustar allá, depender del petróleo cuando conviene, endeudarse cuando no queda de otra, y exprimir la recaudación existente, pero todo tiene un límite, y ese límite comienza a sentirse.
El margen de maniobra se estrecha, la presión aumenta, y el gobierno enfrenta una disyuntiva que no quiere admitir, o recauda más o controla más, y todo indica que está optando por lo segundo.
El giro peligroso
El 6 de abril de 2026 marcó un punto de quiebre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, una decisión que se vendió como técnica, administrativa, preventiva, pero que en el fondo abre la puerta a un uso discrecional del poder financiero del Estado.
Bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se legitimó una herramienta que permite inmovilizar recursos con base en «indicios suficientes», una frase tan amplia que en la práctica puede significar cualquier cosa.
Sí, existen garantías en papel, derecho de audiencia, posibilidad de impugnar, plazos, procedimientos, pero en la realidad mexicana eso se traduce en meses o años de litigio, cuentas congeladas, operaciones paralizadas y empresas asfixiadas antes siquiera de probar culpabilidad.
El dinero como objetivo
Aquí es donde el discurso oficial se cae a pedazos, porque no se trata sólo de seguridad financiera o combate al crimen, se trata de dinero, de necesidad, de presión fiscal encubierta.
Cada vez son más los casos de personas y empresas que reportan revisiones agresivas, solicitudes masivas de información, bloqueos repentinos, y una coordinación cada vez más estrecha entre la UIF, SAT y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No es casualidad, es estrategia
Cuando el gobierno no quiere subir impuestos, pero necesita recursos, recurre a mecanismos indirectos, fiscalización intensiva, control financiero, y ahora, congelamiento de activos.
El mensaje es claro, el Estado ya no sólo observa, interviene.
Presunción de culpabilidad
El gran problema de este esquema es que invierte la lógica jurídica, primero te bloquean, luego investigan, después te escuchan, y si tienes suerte, eventualmente te liberan.
Mientras tanto, ya estás fuera del juego.
La Coparmex lo ha advertido, este modelo debilita la presunción de inocencia, genera incertidumbre jurídica y ahuyenta la inversión, porque ningún empresario, nacional o extranjero, quiere operar en un país donde su capital puede ser congelado sin una orden judicial.
Y no se trata de defender criminales, sino de defender reglas claras, porque cuando el poder se vuelve discrecional, deja de distinguir entre culpables e inocentes.
El trasfondo político
El verdadero fondo de esta historia es incómodo, los programas sociales no son sólo política pública, son estructura electoral, son base de apoyo, son el músculo que mantiene a Morena en el poder.
Y eso cuesta, cuesta miles de millones de pesos cada año, recursos que no pueden dejar de fluir sin afectar la estabilidad política del proyecto.
Entonces la pregunta es inevitable, ¿de dónde saldrá el dinero cuando ya no alcance?
La respuesta empieza a tomar forma, de donde sea posible.
De fideicomisos extinguidos, de Afore, ajustes presupuestales, de deuda, de presión fiscal, y ahora también de cuentas congeladas bajo sospecha.
Sin salida clara
La reciente reforma a la Ley de Amparo terminó de cerrar el círculo, al limitar la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones con efectos generales, se redujo uno de los pocos mecanismos reales de defensa frente a abusos de autoridad.
Hoy, un ciudadano o empresa puede enfrentar al mismo tiempo bloqueo de cuentas, auditorías fiscales y un sistema judicial con menos herramientas para protegerlo.
El terreno está inclinado, y no precisamente a favor del contribuyente.
El costo real
El gobierno insiste en que todo esto es necesario, que se combate la corrupción, que se protege al sistema financiero, que se garantiza justicia social, pero el costo es evidente, erosión institucional, desconfianza, fuga de capitales potencial, y un clima económico cada vez más tenso.
Porque cuando el Estado comienza a ver el dinero privado como una extensión de sus necesidades públicas, la línea entre regulación y abuso se vuelve peligrosamente delgada.
Riesgo estructural por financiamiento público
México está entrando en una fase donde el problema ya no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se consigue ese dinero, y en ese camino, el riesgo no es únicamente financiero; es estructural.
Un gobierno presionado por recursos puede cruzar límites que después son difíciles de revertir, porque el poder, una vez ampliado, rara vez se reduce.
Y mientras tanto, el ciudadano queda en medio, con menos certezas, más riesgos y una pregunta que nadie en el poder parece querer responder, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para seguir financiando su proyecto político?.
