* El padrón celular no es seguridad, es control, y el control siempre empieza por callar……
Por Karina A. Rocha Priego
El registro obligatorio de líneas móviles es la confesión más clara del fracaso del Estado mexicano, incapaz de enfrentar al crimen organizado, el poder decide vigilar a los ciudadanos, no para protegerlos, sino para administrarlos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ordena que, desde enero de 2026, cada teléfono tenga dueño plenamente identificado, CURP, INE, RFC, domicilio y rastro, y si no obedeces, te desconectan, así de simple, no es política pública, es castigo administrativo, no es prevención del delito, es disciplina social.
Cuando el poder desconfía de todos
El argumento oficial es insultante, dicen que el anonimato es el problema, que los delincuentes se esconden tras números sin nombre, y por eso hay que ponerle nombre a todos, como si los criminales respetaran padrones, como si no tuvieran celulares clonados, chips robados o redes enteras fuera de la ley, el gobierno sabe que el registro no detendrá a las mafias, pero también sabe que sí someterá a millones de personas comunes, trabajadores, periodistas, opositores, críticos.
El mensaje político es brutal, el Estado ya no parte de la presunción de inocencia, parte de la sospecha generalizada, todos potencialmente culpables, todos obligados a identificarse para ejercer algo tan básico como comunicarse, hablar, organizarse, denunciar, el teléfono deja de ser herramienta y se convierte en grillete digital.
Desacato disfrazado de reforma
La Suprema Corte ya había dicho que no, en 2022 declaró inconstitucional el PANAUT por violar la privacidad y no ser proporcional, fue una sentencia clara, contundente, pero el poder decidió ignorarla, ahora vuelve con otro nombre, con otra sigla, con el mismo veneno, es el desprecio abierto al control constitucional, la señal de que cuando la Corte estorba, se le rodea.
No es un error jurídico, es una estrategia política, desgastar la legalidad a fuerza de hechos consumados, imponer primero y litigar después, mientras millones de líneas ya están registradas y millones de datos ya están en manos del gobierno, la Constitución se vuelve un obstáculo decorativo y los derechos un lujo negociable.
La base de datos que todos temen
El padrón celular es una bomba de tiempo, una base de datos gigantesca, sensible, vulnerable, México no puede proteger ni el padrón electoral, ni los registros fiscales, ni los sistemas de salud, pero ahora promete custodiar la identidad y la comunicación de toda la población, es una promesa ridícula o una mentira deliberada.
Las filtraciones no son una posibilidad, son una certeza histórica, y cuando esos datos se filtren, no habrá responsable, sólo excusas, mientras tanto, la vigilancia se normaliza, la autocensura se instala, la gente aprende a hablar menos, a escribir menos, a organizarse menos, porque sabe que su número ya no es sólo suyo, es del Estado.
Periodistas y activistas lo saben, la vigilancia no empieza con micrófonos ocultos, empieza con registros obligatorios, con la asociación forzada entre identidad y palabra, el miedo no necesita órdenes, se propaga solo.
O te registras o desapareces
La medida introduce un chantaje inadmisible: quien no registre su línea será suspendido, incomunicado, reducido a llamadas de emergencia, como si el derecho a comunicarse fuera un favor condicionado a la obediencia, no importa si no tienes documentos, si vives en la informalidad, si enfrentas trámites imposibles, el Estado no negocia, impone.
Esto no es seguridad pública, es castigo colectivo, una política que golpea más fuerte a los más vulnerables, a quienes dependen del celular para trabajar, vender, pedir ayu-
da, denunciar abusos, el gobierno no combate al crimen, combate a la población con reglas que criminalizan la vida cotidiana.
Seguridad de papel, control real
No hay evidencia seria de que estos padrones reduzcan delitos, ningún estudio sólido, ningún resultado internacional contundente, pero eso no importa, lo que importa es el control, el registro sirve para mostrar mano dura, para simular acción, para vender orden, aunque sea un orden autoritario.
Mientras el crimen organizado opera con impunidad, territorios completos siguen bajo control criminal, las fiscalías colapsan y la corrupción persiste, el gobierno prefiere el atajo, vigilar a todos es más fácil que investigar bien, más barato que depurar policías, más rentable políticamente que admitir el fracaso.
El precio de normalizar el miedo
Cada derecho entregado en nombre de la seguridad rara vez regresa, hoy es el teléfono, mañana será el internet, luego cualquier servicio esencial, el precedente es peligrosísimo, aceptar que el Estado pueda apagar derechos con un trámite es aceptar que la libertad es revocable.
El padrón celular no busca seguridad, busca obediencia, no busca justicia, busca control, y un país que acepta ser vigilado para comunicarse es un país que empieza a callarse, lentamente, pero de manera irreversible, porque cuando el poder aprende que puede vigilar sin costo político, siempre va a querer vigilar más.
El celular bajo sospecha
Al final, el gobierno nos pide confianza mientras mete la mano en el bolsillo digital y en la boca ajena, dice que es por tu bien, mientras te pone un collar con chip, te promete seguridad y te cobra silencio, si no te registras te apaga, si protestas te observa, si preguntas te señala, así funciona el nuevo civismo, obedecer o desaparecer de la red, celebrar el control como si fuera orden, y aplaudir la vigilancia como si fuera justicia, luego se preguntan por qué nadie cree, por qué todos desconfían, por qué el miedo circula más rápido que la señal, quizá porque ya entendimos que esto no es protección, es un gobierno con ansiedad de espía y vocación de carcelero digital.
