* Edictos fraudes y despojo bajo la alfombra……
Por Karina A. Rocha Priego
El comunicado del ex director general del INFONAVIT Carlos Martínez Velázquez no es un ejercicio de rendición de cuentas ni un intento genuino de aclarar hechos, es una maniobra política defensiva diseñada para ganar tiempo, sembrar confusión y diluir responsabilidades frente a uno de los mayores escándalos de despojo habitacional en la historia reciente del país, un episodio que exhibe cómo una institución creada para proteger el patrimonio de los trabajadores terminó convertida en un instrumento para juicios masivos, edictos en cascada y miles de familias arrojadas a un limbo jurídico del que difícilmente pueden salir.
Discurso del deslinde que no cuadra con los documentos
El libreto del ex funcionario es viejo y predecible, culpar al pasado inmediato, ubicar el origen de los abusos entre 2014 y 2018 y presentarse como el reformador que llegó a poner orden, el problema es que la narrativa se estrella contra la evidencia documental, los edictos existen, los expedientes están fechados y las publicaciones se realizaron de manera masiva en 2023 y 2024, cuando Carlos Martínez Velázquez aún ocupaba el despacho principal del INFONAVIT, ese solo dato pulveriza cualquier intento de deslinde discursivo y deja al descubierto una verdad incómoda, el fraude no solo continuó, se profundizó.
Hablar de una supuesta estrategia jurídica para erradicar juicios masivos resulta, no solo inverosímil sino ofensivo, cuando hoy existen archivos completos con decenas de miles de edictos publicados durante su gestión, no se trata de errores aislados ni de inercias heredadas, se trata de una operación sistemática que funcionó con precisión administrativa, con despachos jurídicos recurrentes, con empresas intermediarias identificadas y con juzgados específicos que operaron como engranes perfectamente aceitados de una misma maquinaria de despojo.
Juicios masivos sin omisiones inocentes
La pregunta es incómoda pero inevitable, quién autorizó, quién permitió, quién miró hacia otro lado mientras se multiplicaban los juicios y se normalizaba el despojo, porque nada de esto ocurre sin conocimiento institucional, ningún edicto se publica por generación espontánea, ningún juicio masivo avanza sin firmas, oficios y validaciones internas, aquí no hubo omisión, hubo tolerancia y probablemente complicidad, y esa complicidad no puede esconderse detrás de comunicados tardíos ni de discursos cuidadosamente redactados.
A este escenario se suma un elemento que desnuda aún más el fondo del problema, el adeudo millonario que el INFONAVIT y los despachos involucrados mantienen con medios de comunicación por la publicación de miles de edictos judiciales, una deuda que sigue sin saldarse mientras se presume que empresas como GABSSA habrían recibido recursos multimillonarios del propio Instituto, la ecuación es brutal y revela prioridades torcidas, se paga a intermediarios, se despoja a familias y se deja colgados a los medios que confiaron y, “de buena fe”, dieron cauce legal a publicaciones ordenadas por autoridades judiciales.
Despachos, funcionarios y el engranaje del despojo
El intento de desacreditar la investigación periodística no solo fracasa, se revierte, porque cada desmentido mal construido confirma que no hay explicación para los edictos fechados desde agosto de 2023, no hay respuesta para los más de 84 mil publicados, no hay argumento que borre los nombres de los despachos ni las rutas judiciales utilizadas, la información no se cae, se sostiene con documentos, fechas, sellos y firmas, mientras el discurso oficial se desmorona por su propia fragilidad.
El entramado que hoy rodea al INFONAVIT no es un error administrativo ni una cadena desafortunada de omisiones, es un fraude estructurado, planeado con frialdad y ejecutado con la participación de despachos jurídicos voraces, funcionarios sin escrúpulos y un aparato judicial que, por acción u omisión, permitió el despojo de más de 200 mil trabajadores que confiaron su patrimonio a una institución pública que debía protegerlos, no traicionarlos.
La responsabilidad que no puede seguir evadiéndose
Por eso el llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al actual director del INFONAVIT Octavio Romero Oropeza no es retórico ni partidista, es institucional y urgente, aquí no basta con auditorías internas ni con comunicados defensivos, se requieren investigaciones penales, sanciones ejemplares y reparación integral del daño, tanto a las familias afectadas como a los medios utilizados dentro de este esquema, porque la impunidad no solo perpetúa el fraude, lo normaliza.
El adeudo existe, los edictos existen, los nombres existen y el daño está documentado, lo único que sigue sin aparecer es la acción contundente de las autoridades, y la pregunta queda abierta y retumba con fuerza, ¿cuánto más se necesita para frenar este saqueo institucional y evitar que más de 200 mil familias pierdan definitivamente el hogar que adquirieron confiando en el INFONAVIT?
