Por Karina A. Rocha Priego
Ha dado inicio la lectura del primer informe de gobierno de los 125 alcaldes del Estado de México, una ceremonia que, como cada año, pretende mostrar orden, eficiencia y resultados, aunque la realidad municipal apunte a todo lo contrario, se trata más bien de un ritual político que intenta convencernos de que los ayuntamientos avanzan, cuando lo que predomina en buena parte del territorio mexiquense, es el estancamiento administrativo, la precariedad financiera y el creciente distanciamiento entre los gobiernos locales y la ciudadanía que dicen representar.
Economía municipal al límite
La pregunta es obligada: ¿realmente tienen mucho qué informar? Porque lo que sí está claro es que 2025 ha sido uno de los años más complicados para la economía municipal, un periodo donde los recortes presupuestales, la inflación, el endeudamiento arrastrado desde administraciones pasadas y la falta de estrategias eficientes han puesto contra las cuerdas a la mayoría de los gobiernos locales, especialmente aquellos con poca capacidad de gestión, planeación nula o excesiva dependencia del erario estatal y federal.
La narrativa triunfalista con la que muchos alcaldes suelen elaborar sus informes, se estrella de frente contra una realidad difícil de maquillar, calles en mal estado, servicios públicos deficientes, inseguridad creciente, violencia delictiva que no cede, colonias enteras sin agua, retrasos en obra pública y una ciudadanía cada vez más cansada de que la corrupción, la simulación y la improvisación se normalicen como forma de gobierno.
Señalamientos y Operativo Enjambre
Aunque los discursos oficiales insistan en hablar de logros «históricos», la ciudadanía mexiquense sabe que varias administraciones municipales han sido señaladas por abusos de poder, tráfico de influencias, contratos opacos y manejos discrecionales de recursos públicos, señalamientos que en algunos casos derivaron en investigaciones formales y detenciones, como ocurrió con las acciones del llamado Operativo Enjambre, donde distintos servidores públicos de diferentes municipios fueron aprehendidos por presuntos actos ilícitos, un hecho que destapó la fragilidad institucional y las grietas profundas con las que operan algunos gobiernos locales.
Municipios que resisten
Sin embargo, también hay que decirlo, no todos los municipios quedaron atrapados en el lodazal administrativo, algunos, pese a las adversidades, han logrado sostener su operación y, a diferencia de otros, han intentado cumplir con sus gobernados, entre ellos destacan Toluca, Huixquilucan, Valle de Chalco, Chalco, Metepec y algunos más que, con aciertos y errores, han buscado mantener estabilidad, mejorar servicios y sacar adelante proyectos que realmente impactan a la ciudadanía.
No es que estos municipios vivan en una burbuja, también enfrentan deudas, presiones presupuestales, retos en seguridad y una ciudadanía cada vez más exigente, pero, al menos, han mostrado voluntad política, rumbo administrativo y capacidad para gestionar recursos, contrastando con ayuntamientos que siguen sin entender que gobernar implica mucho más que discursos, autopromoción y fotografías en redes sociales.
La brecha entre discurso y realidad
De hecho, los informes de gobierno suelen mostrar el abismo entre lo que se presume y lo que se vive en las calles, los documentos oficiales destacan cifras alegres y supuestos avances, pero en muchas localidades el sentir popular es otro, barrios abandonados, colonias sin servicios, policías mal equipados, trámites que no avanzan, ventanillas cerradas o procesos amañados que desalientan cualquier intento de participación ciudadana.
El problema de fondo es estructural, durante décadas los municipios mexiquenses han sido víctimas de administraciones que llegan sin preparación, sin proyectos claros, sin equipos técnicos, y sin una visión de largo plazo, cada trienio se reinicia la curva de aprendizaje, se tira lo que hizo la administración anterior, se improvisan planes y se gobierna a golpe de ocurrencias, lo que provoca que los municipios nunca logren consolidar políticas estables o modelos de eficiencia duraderos.
Transparencia que brilla por su ausencia
A esto se suma la falta de transparencia real, porque aunque todos los ayuntamientos hablan de «rendición de cuentas», pocos se atreven a mostrar con claridad en qué se gastan los recursos, cómo asignan contratos y qué tan eficientes son en la ejecución del presupuesto, la opacidad se mantiene como una práctica cotidiana, disfrazada de tecnicismos, comités internos y documentos incomprensibles que no garantizan nada a la ciudadanía.
En ese contexto, la presentación de los informes de gobierno se vuelve un ejercicio más de propaganda que de evaluación, un escenario donde cada alcalde intenta vender una imagen de progreso que, muchas veces, no coincide con la vida diaria de los habitantes, se habla de miles de luminarias instaladas mientras colonias enteras permanecen a oscuras, se presumen kilómetros de pavimentación mientras otras calles llevan años convertidas en baches, se anuncian programas sociales que en la práctica no llegan a quienes realmente los necesitan.
Ciudadanos como jueces
Por eso, este inicio del ciclo de informes debería ser también el inicio de una exigencia pública más fuerte, los ciudadanos del Estado de México merecen gobiernos profesionales, transparentes y honestos, no administraciones improvisadas ni funcionarios que sólo usan el cargo como trampolín político y, aunque algunos municipios han logrado resistir el deterioro institucional, otros siguen perdiéndose en la corrupción, el desorden financiero y la incapacidad administrativa.
Lo que viene será determinante, el segundo año de gobierno municipal suele marcar el rumbo definitivo, o se consolidan proyectos o se exhiben más fallas; o se avanza o se hunden en los mismos problemas de siempre, los informes ya comenzaron, pero la verdadera evaluación será, como siempre, la que haga la ciudadanía, en las calles, en los servicios, en la seguridad y en la calidad de vida que cada alcaldía sea capaz -o incapaz- de garantizar a sus habitantes.
