Por Karina A. Rocha Priego
En México hablar de eutanasia activa sigue siendo un tema prohibido, aunque miles de enfermos terminales enfrentan diariamente un sufrimiento que la ley se niega a reconocer, la normativa vigente solo contempla la voluntad anticipada, un mecanismo limitado que permite rechazar tratamientos que prolongan la agonía, pero no elegir el descanso definitivo, la eutanasia activa, entendida como la administración de un fármaco para provocar la muerte sin dolor, continúa fuera del marco legal, el Congreso federal y los congresos estatales han preferido posponer la discusión bajo argumentos morales o religiosos, mientras tanto, los pacientes viven y mueren sin alternativas reales, atrapados entre la burocracia y la fe, la Ciudad de México dio un primer paso en 2008 con su Ley de Voluntad Anticipada, pero diecisiete años después el país sigue sin atreverse a reconocer que morir con dignidad también es un derecho humano fundamental.
Edomex evita el debate sobre la muerte digna
En el Estado de México la eutanasia vuelve a ser tema prohibido, se habla de derechos humanos, de libertades y de justicia social, pero cuando se trata de garantizar el derecho a morir con dignidad, el Congreso local se esconde tras comisiones, excusas morales y cálculos políticos, los legisladores mexiquenses prefieren mirar a otro lado antes que enfrentar una discusión que pondría en evidencia su falta de sensibilidad, su hipocresía y su dependencia de los dogmas religiosos que aún controlan parte del poder público.
Congreso atrapado entre el miedo y la moral
En el Legislativo estatal las bancadas de Morena y del PRI mantienen un silencio cómplice, Morena que presume abanderar los derechos del pueblo prefiere no tocar el tema por temor a dividir su base social, y el PRI que durante décadas impuso su moral conservadora sigue siendo rehén de los mismos grupos que usan la religión como escudo político, el PAN se opone abiertamente, repitiendo un discurso moralista que desconoce la realidad del sufrimiento humano, mientras el PRD, cada vez más irrelevante, se limita a hablar de «acompañar el debate» sin asumir una postura clara, Movimiento Ciudadano y el PVEM simplemente desaparecen cuando se les pregunta.
El Congreso mexiquense demuestra así su verdadero rostro, el de una clase política temerosa de perder votos, sin la valentía de discutir temas que incomodan, la eutanasia es un ejemplo perfecto de cómo la cobardía legislativa convierte en tabú lo que debería ser una política pública, el debate no avanza porque los partidos prefieren simular antes que legislar, porque la comodidad del silencio pesa más que la responsabilidad con los enfermos que agonizan sin derecho a decidir.
Delfina y la agenda que no toca
La gobernadora Delfina Gómez se presenta como una mandataria sensible, cercana a la gente y comprometida con los derechos humanos, sin embargo en su agenda no hay espacio para hablar de muerte digna, su gobierno impulsa programas sociales, becas y apoyos, pero calla cuando se trata de garantizar la libertad individual ante el sufrimiento extremo.
El Ejecutivo mexiquense mantiene una prudencia calculada, teme romper la narrativa moral que tanto cuida la Cuarta Transfor-mación, por eso evita pronunciarse, ni a favor ni en contra, simplemente deja que el tema se congele en las comisiones del Congreso.
La omisión no es neutralidad, es complicidad, cuando un Estado no garantiza la posibilidad de decidir sobre la propia vida, perpetúa la desigualdad y la crueldad institucional, en el Edomex mueren cientos de personas cada año en hospitales saturados, sin analgésicos suficientes y sin cuidados paliativos adecuados, familias enteras se endeudan para prolongar unos meses de agonía porque el sistema público no ofrece alternativas reales, aun así el gobierno estatal no impulsa ninguna po-lítica que reconozca la eutanasia como opción compasiva y legítima.
Hipocresía política y castigo silencioso
Los diputados mexiquenses que se escudan en la «defensa de la vida» son los mismos que cada año aprueban presupuestos con recortes en salud, que permiten hospitales sin personal ni medicamentos, que toleran el sufrimiento ajeno mientras declaman valores familiares desde el pleno, esa hipocresía legislativa es el rostro más cruel del poder en el Estado de México, una política que predica moral, pero administra abandono, que niega derechos con el pretexto de proteger la fe.
México y el Edomex necesitan un debate maduro, no un coro de dogmas, la eutanasia no es un atentado contra la vida, es una defensa del derecho a decidir, pero mientras los partidos se enreden en su miedo y los líderes estatales calculen costos electorales, el tema seguirá siendo rehén del conservadurismo político, el costo de esa omisión lo pagan quienes sufren en silencio, los enfermos terminales que esperan comprensión y encuentran burocracia, los médicos que desean aliviar el dolor y enfrentan sanciones por hacerlo, las familias que miran morir a sus seres queridos entre gritos y desesperación.
El Estado de México presume ser vanguardia en derechos sociales, pero en materia de eutanasia sigue anclado en el siglo pasado, su Congreso es espejo de la cobardía nacional, una institución que se niega a discutir lo que es moralmente urgente, porque en este país se sigue creyendo que la fe vale más que la libertad y que la muerte debe ser un castigo, no una decisión.
Contradicciones que duelen
En México la política moral se mide con doble vara, los congresos locales, incluido el del Estado de México, han legalizado el aborto bajo el argumento de la autonomía de las mujeres, pero cuando se trata de reconocer la eutanasia como derecho a decidir sobre la propia muerte, el debate se paraliza, los mismos legisladores que defienden el «derecho a elegir» ahora se esconden tras pretextos religiosos y cálculos electorales, el resultado es un país incoherente, que permite interrumpir la vida antes de nacer, pero condena a quienes sufren a morir entre dolor, hipocresía y silencio institucional.
¡Otra grave contradicción! de este Gobierno, aplicar «ley mordaza» al clero, para debilitar con ello la fe de los mexicanos, tras impedir que la iglesia pueda seguirse comunicando con el pueblo; un pueblo que, por décadas, sigue y respeta los lineamientos de su iglesia.
