El reciente acuerdo publicado por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha provocado un acalorado debate en el país, luego del acuerdo aparecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este mes, con el que se otorga poder a los ministerios públicos para requerir a las compañías de telecomunicaciones datos de geolocalización en tiempo real y otra información sin la previa aprobación de un juez.
A pesar de su limitación para casos específicos, como aquellos que involucran riesgos para la vida, estas nuevas facultades generan preocupaciones sobre un organismo que previamente ha hecho uso de sus atribuciones para vigilar teléfonos de personas que no estaban bajo investigación oficial.
