El Órgano de Administración Judicial (OAJ) encabezado por Néstor Vargas cesó a 43 abogados que integraban el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) cuyas plazas fueron eliminadas.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos, recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
