En lo que describe como un «fracaso asombroso» del gobierno federal, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció que el estado podría reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras revelarse que la DEA permitió deliberadamente la entrada de fentanilo a las comunidades.
La controversia estalló tras informes de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), permitieron que el paso de cargamentos de fentanilo; monitorearon, pero no incautaron cargamentos de fentanilo entre 2023 y 2025.
