El Gobierno de Estados Unidos reconoció que desconoce el paradero de 137 ciudadanos venezolanos que fueron deportados el año pasado bajo un procedimiento extraordinario, y sostuvo ante un tribunal federal que intentar ofrecerles el debido proceso podría afectar los intereses de la política exterior estadounidense en Venezuela. La postura fue expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un documento judicial presentado en respuesta a una orden emitida en diciembre por un juez federal.
De acuerdo con el escrito, el tiempo transcurrido desde las deportaciones impide a las autoridades estadounidenses saber si los migrantes permanecen en Venezuela, si salieron del país o si alguno fue detenido nuevamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Rubio argumentó que Estados Unidos no tiene forma de rastrear su situación actual y que cualquier intento de organizar audiencias judiciales —ya sea retornándolos a territorio estadounidense o mediante mecanismos virtuales— podría generar consecuencias negativas en el plano diplomático.
