Más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la reforma “regresiva” a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
Consideraron que la nueva SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.
