De los casos de despojo perpetrados en seis años, nada más en 8.5 por ciento se dictó prisión preventiva justificada, mientras el resto de las sanciones se dividió entre la firma periódica de los responsables ante una autoridad, con 30.2 por ciento, y restricciones de acercamiento o comunicación con la víctima, según datos del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Entre 2019 y 2026, los jueces dictaron 2 mil 741 medidas cautelares de diferente tipo contra los culpables por despojos de viviendas, de las cuales sólo 232 correspondieron a la prisión preventiva justificada.
