Un grupo de familiares y abogados de las 92 personas privadas de la libertad que han sido enviadas a Estados Unidos en el último año, anunciaron que iniciarán acciones legales contra el Gobierno Federal de México.
Los denunciantes sostienen que los traslados se realizaron sin agotar los procesos formales de extradición, lo que consideran una violación a los derechos procesales de los internos.
