Una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas investigadas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. La medida importa porque cinco de los imputados, incluyendo al exgobernador, serán enviados al penal federal del Altiplano, mientras que la situación jurídica de todos se resolverá después de que sus defensas solicitaron ampliar el plazo constitucional.
La Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la medida cautelar, pero hasta ahora ninguno de los detenidos ha sido vinculado a proceso ni declarado culpable.
El caso afecta a empresas, agentes aduanales y operadores vinculados con la importación, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo. Para entender el alcance de la decisión, debe distinguirse entre una prisión preventiva, que busca mantener a los acusados a disposición del juzgado, y una sentencia condenatoria, que todavía no existe.
