Para el sector privado del país, si la justicia se convierte en un apéndice de otro poder, se debilita la confianza ciudadana, se vulnera la seguridad jurídica y se mina el Estado de Derecho”, por lo cual su independencia no es negociable.
Cuando un poder se subordina a otro, se vulneran derechos ciudadanos, se debilita el acceso a la justicia y se genera certidumbre negativa en la vida diaria de las familias y la confianza de inversionistas, así lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
