Un informe de Transparencia Mexicana señala la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir la captura de la contratación pública por intereses ilícitos, por lo que México carece de sistemas robustos para identificar beneficiarios finales y presenta deficiencias en la calidad, estandarización e interoperabilidad de los datos de compras públicas.
Esto coincide con la implementación de la reforma judicial y la reconfiguración de los organismos de transparencia en 2025, cambios que el estudio asocia con una mayor incertidumbre sobre la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
