Estudios previos señalan que cuando gobiernos —en este caso serían los latinoamericanos—, aceptan incursiones estadounidenses con sus fuerzas armadas, los ejércitos de cada país vuelven a ocupar el centro de la seguridad interna.
Eso puede dar capacidad operativa, pero también reduciría los controles civiles, aumentaría la opacidad y fortalecería aparatos militares con poca rendición de cuentas.
Una política contra el narco puede terminar ampliando el poder de fuerzas armadas nacionales y extranjeras sin resolver las causas de la captura criminal: corrupción, impunidad, dinero ilegal y debilidad del Estado.
