México cuenta con un amplio marco jurídico e institucional para prevenir, buscar, investigar y reparar las desapariciones de personas, pero enfrenta una importante brecha entre las obligaciones establecidas en las leyes y estándares internacionales y su aplicación efectiva.
Así lo advirtió Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Durante los “Diálogos contra la desaparición”, en la charla “Obligaciones del Estado y estándares nacionales e internacionales en materia de desaparición forzada”,
