El Plan de Justicia Yaqui que fue presentado como un acto de reivindicación del gobierno mexicano para esta tribu en Sonora por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021, con el objetivo de darle tierra, agua y certeza jurídica no llegó a formalizarse, como consecuencia de la corrupción y los malos manejos que se hicieron de los recursos destinados para ello.
A través de fuentes consultadas se ha dejado al descubierto pruebas que alertan de corrupción en su ejecución, como lo revela la Auditoría 93 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las obras de la ampliación del Distrito de Riego 18.
En ese sentido, la ASF analizó un universo de egresos en la cuenta pública de 2024 que asciende a cuatro mil 242 millones 718 mil 800 pesos; la muestra alcanzó 94.6% del total erogado y revela una serie de observaciones en contratos vinculadas a retrasos en obras y montos económicos no amparados por la calidad de los trabajos físicos.
De igual manera, con la auditoría se detectó un boquete contable que representa 230 millones 253 mil 400 pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 2024 y los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que incluso pidió al Órgano Interno de Control de dicha instancia realizar una investigación y sancionar en caso de encontrar responsabilidades.
