Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzaron una advertencia contra lo que calificaron como una práctica inconstitucional del gobierno federal: la exclusión definitiva de adultos mayores del Programa de Pensión para el Bienestar, bajo el argumento de supuestas inconsistencias administrativas o ausencia en el cobro del apoyo por dos bimestres consecutivos.
Legisladores denunciaron la existencia de una presunta “lista negra” elaborada por la Secretaría del Bienestar, en la que se identifican a beneficiarios que serán dados de baja de forma irreversible, a pesar de que el derecho a recibir este apoyo está consagrado en la Constitución como universal, progresivo y no regresivo.
