Una investigación ciudadana y legislativa ha puesto al descubierto una red de financiamiento ilícito operada desde la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por el panista César Garrido López.
Las denuncias contra la alcaldía y hasta señalamientos contra la cupula del PAN en la Ciudad de México apuntan a que la privatización del Parque Lira, mediante el espectáculo privado «Alicia en el País de las Maravillas», no es un proyecto de recuperación de espacios públicos, sino una maniobra financiera diseñada para inyectar recursos directos a la futura campaña política de Garrido.
El núcleo de la acusación reside en la disparidad abismal de las cifras, ya que mientras el evento proyecta una recaudación de 120 millones de pesos, la alcaldía solo recibirá 4.1 millones de pesos para obras de mantenimiento, lo que representa apenas el 3.4 por ciento de la utilidad.
Esta gestión de recursos, autorizada bajo la supervisión de César Garrido, ha sido calificada como un «saqueo patrimonial» que busca capitalizar políticamente un espacio que por ley es de libre acceso.
La crisis política se agudizó tras la intervención de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que suspendió las actividades del montaje por carecer de los permisos esenciales de la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A pesar de los sellos de clausura, el foco de la indignación social se mantiene sobre la figura de César Garrido, a quien se le atribuye la responsabilidad de convertir la política pública de Miguel Hidalgo en un modelo de negocios personales y electorales.
Los vecinos de colonias como San Miguel Chapultepec y Tacubaya han anunciado que llevarán el caso ante las autoridades electorales para que se rastree el destino de cada peso generado por este evento, exigiendo que se detenga el uso de los pulmones verdes de la ciudad como activos financieros de la estructura política de Garrido.
