La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro este jueves durante La Mañanera que el gobierno de México no tiene ninguna obligación jurídica de rastrear ni vigilar a las ocho personas que aún no se han entregado a Estados Unidos en el caso Sinaloa. “No hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre si el gobierno sabe el paradero de los imputados que siguen en México. La declaración se da en un contexto de creciente presión desde Washington: el administrador de la DEA, Terry Cole, declaró ante el Senado estadounidense que la acusación contra Rocha Moya era “solo el comienzo”, y la administración Trump ha intensificado su postura frente a México en materia de seguridad.
