La reserva de información por cinco años en casos emblemáticos que vinculan a gobiernos con el narcotráfico, carece de sustento y violenta la Ley de Transparencia, señalaron diversos especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“La prueba de daño no era exhaustiva conforme a los lineamientos para la clasificación de la información”, precisó Salvador Romero Espinosa, presidente IMET
En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) restringió los documentos sin explicar por qué publicarlos generaría un daño.
