Expertos en Derecho y constitucionalistas consideraron legalmente inviable bajo cualquier circunstancia y peligroso porque se prestaría a venganzas políticas la propuesta de la ministra Lenia Batres en el sentido de que en la SCSJN subsista la posibilidad de abrir casos en los que se compruebe que hubo pruebas falsas o sentencia fraudulenta.
Francisco Burgoa, constitucionalista y catedrático de la UNAM, dijo que no es posible reabrir sentencias como pretende la ministra Batres sólo por voluntad política a partir de intereses o agendas propias.
