El Cártel del Golfo impuso en la región citrícola de Tamaulipas un cobro ilegal sobre los huacales —las cajas de madera utilizadas para transportar fruta— y elevó su precio 150% en los últimos tres años: de 2 a 5 pesos por unidad.
El mismo mecanismo fue denunciado en Michoacán desde marzo de 2025 por el empresario limonero Bernardo Bravo. De acuerdo con registros del consultor en seguridad Alberto Guerrero Baena, la práctica se ha extendido a por lo menos ocho estados del país.
El modelo convierte cada caja de naranja, limón o aguacate en un punto automático de cobro para el crimen organizado. Leonardo García, agricultor desplazado del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, fue el primero en denunciar públicamente el esquema ante la Fiscalía estatal, hace 16 meses. Según su testimonio, al día siguiente de presentar la denuncia, hombres armados llegaron a su rancho con copias del documento —supuestamente anónimo— y le dieron 24 horas para abandonar su propiedad.
