Por Karina A. Rocha Priego
El traslado de 37 capos a Estados Unidos fue presentado como un golpe quirúrgico al crimen organizado, una muestra de cooperación eficaz, un acto de firmeza del Estado mexicano, pero detrás del espectáculo nocturno, de los aviones militares y de los comunicados triunfalistas, lo que hubo fue una simulación jurídica y política, un atajo deliberado para fingir cumplimiento ante Washington sin tocar los verdaderos nudos del poder criminal que operan cómodamente dentro del sistema político mexicano.
Desde el primer momento, el Gobierno Federal evitó una palabra clave, ¡extradición!, porque decirla obligaba a probarla, y probarla significaba exhibir órdenes judiciales, expedientes, audiencias, resoluciones de jueces, notificaciones formales, y nada de eso apareció, lo que hubo fue un envío administrativo, un traslado envuelto en el discurso de la seguridad nacional, una maniobra que bordea la legalidad y que confirma una vieja práctica del régimen, entregar piezas prescindibles para proteger las piezas estratégicas.
Sin órdenes, sin jueces, sin proceso
El dato central, incómodo y deliberadamente diluido, es que no existieron órdenes de extradición para los 37 enviados, no hubo resoluciones individuales emitidas por jueces mexicanos, no hubo sentencias de procedencia, no hubo el ritual mínimo del Estado de derecho, el gobierno decidió mover presos como si fueran paquetes, amparándose en una interpretación laxa de la cooperación bilateral y en una noción elástica de amenaza a la seguridad nacional.
Esto no es un tecnicismo menor, la extradición es un acto jurídico complejo, precisamente para evitar abusos, arbitrariedades y entregas discrecionales, eliminar ese proceso no fortalece al Estado, lo debilita, porque sustituye la ley por la voluntad política, y cuando el poder decide a quién sí entrega y a quién no, sin controles judiciales, lo que emerge no es justicia, sino conveniencia.
La narrativa oficial insiste en que se actuó dentro de la ley, pero omite explicar por qué se esquivó el tratado de extradición, por qué no se transparentaron los expedientes, por qué no se informó qué juez autorizó cada traslado, la respuesta es evidente, porque no los hubo, porque el diseño fue precisamente evitar tribunales, evitar tiempos, evitar recursos legales, evitar preguntas.
Queda claro que la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump sobre el gobierno mexicano, ha ido más allá de “lo soportable”, derivando en errores jurídicos que, seguramente las defensas de los 37 capos (sic) enviados a Estados Unidos, empiecen a exhibir la realidad de un gobierno que prefiera “pedir perdón”, antes de “pedir permiso” legalmente.
Cumplir sin cumplir, la simulación perfecta
El Gobierno Federal necesitaba una foto, una cifra, un titular, 37 nombres alineados para demostrar voluntad, pero no necesitaba, ni quiso, resolver el fondo del reclamo estadounidense, que no se limita a sicarios, operadores o mandos medios, el reclamo real apunta a las redes políticas que protegen, financian y facilitan al narcotráfico en México.
Washington no ha ocultado su interés en funcionarios, exfuncionarios, gobernadores, alcaldes, mandos de seguridad y operadores financieros que han servido de bisagra entre el poder público y los cárteles, pero esos nombres no subieron a ningún avión, esos expedientes siguen durmiendo en fiscalías capturadas, esos personajes continúan dando discursos, inaugurando obras y tomándose fotos oficiales.
La entrega de los 37 funciona entonces como una cortina de humo, se cumple en apariencia para incumplir en lo sustantivo, se entrega músculo criminal, pero se protege el esqueleto político, se envían capos reciclables mientras se blindan los pactos que permiten que el negocio continúe, es la lógica del sacrificio controlado, dar algo para no darlo todo.
La soberanía como coartada
El concepto de soberanía fue usado como escudo retórico, se dijo que fue una decisión soberana, pero la soberanía auténtica se ejerce fortaleciendo instituciones, no saltándolas, un Estado soberano no necesita improvisar atajos legales para demostrar cooperación, lo hace desde la ley, con jueces fuertes y procesos claros.
Aquí la soberanía sirvió para justificar la opacidad, para negar explicaciones, para cerrar filas, pero en los hechos lo que se mostró fue dependencia política, la urgencia de enviar un mensaje de control sin asumir el costo interno de investigar a los propios, de romper pactos regionales, de tocar intereses incrustados en el poder.
La paradoja es brutal, se invoca la soberanía mientras se admite que el sistema penitenciario es incapaz de contener a ciertos presos, se habla de fortaleza del Estado mientras se confiesa implícitamente que hay criminales que el país no puede, o no quiere, juzgar.
Los intocables siguen intactos
El mensaje más grave de este episodio no es lo que se hizo, sino lo que no se hizo, no se tocó a la clase política señalada por años de convivir con el narco, no se abrió una sola investigación visible contra redes de protección institucional, no se rompió ningún pacto regional, no cayó ningún cacique con fuero, con cargo o con partido.
Estados Unidos sabe que el problema no termina en los capos armados, sabe que sin protección política no hay cárteles duraderos, sabe que el dinero necesita permisos, contratos, policías ciegos y fiscales mudos, y, sin embargo, México optó por entregar criminales de manual y conservar intacta la arquitectura de la impunidad política.
La operación de los 37 no es un punto de llegada, es una evidencia más de que el Estado mexicano sigue administrando el conflicto en lugar de resolverlo, gestionando presiones externas sin enfrentar sus propias cloacas.
Un precedente peligroso
Normalizar entregas sin extradición abre una puerta riesgosa, hoy se usa contra criminales de alto impacto, mañana puede usarse contra cualquiera que resulte incómodo, sin juez, sin defensa efectiva, sin contrapesos, el precedente erosiona garantías y consolida un poder discrecional que dice combatir al crimen mientras adopta sus métodos.
La pregunta de fondo no es si los 37 merecían enfrentar la justicia, muchos sin duda sí, la pregunta es por qué el gobierno eligió un camino excepcional, opaco y selectivo, y la respuesta apunta siempre al mismo lugar, proteger lo que no puede o no quiere tocar.
La entrega de los 37 no fortalece al Estado mexicano, lo desnuda, exhibe un sistema que prefiere enviar criminales antes que juzgarse a sí mismo, un poder que finge cumplir mientras administra la impunidad, y una justicia que sigue esperando turno mientras los verdaderos intocables permanecen donde siempre, en casa, en el poder, intocados.
