La agricultura, la ganadería y la minería se han convertido en las principales actividades económicas afectadas por la extorsión del crimen organizado en México, debido a su ubicación en zonas rurales con baja presencia de autoridades, lo que facilita la operación de grupos delictivos que buscan obtener ganancias mediante amenazas y control territorial.
Especialistas en seguridad pública advirtieron que estos sectores son especialmente vulnerables, ya que las organizaciones criminales aprovechan la limitada vigilancia institucional y la escasa cobertura mediática para imponer cobros ilegales o incluso reclutar de forma forzada a trabajadores.
