El pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) dio noticia de la recepción de una segunda denuncia contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta nueva acusación se refiere al delito de falsedad en declaraciones, acusación relacionada con la reactivación de los pagos de una pensión post mortem, heredada por su esposo Carlos Márquez Padilla. En una demanda de amparo interpuesta por Casar, se afirmó ante un juez que la suspensión de esta pensión pondría en riesgo su subsistencia, pues afectaba gravemente sus derechos a una alimentación adecuada, vivienda digna y salud.
Casar declaró que, tras el fallecimiento de su cónyuge, Pemex le otorgó una pensión post mortem como viuda y una pensión para cada uno de sus dos hijos hasta que cumplieran 25 años. Según su testimonio, ha recibido estos pagos de manera ininterrumpida desde enero de 2005, sin problemas durante más de 19 años. Sin embargo, omitió mencionar que también recibe un salario mensual de 270 mil pesos por su trabajo en MCCI, además de ingresos adicionales por su participación en Canal 11.
