El presidente Abelardo de la Espriella selló el fin de la política conocida como «Paz Total», implementada durante la administración de Gustavo Petro, al firmar un conjunto de resoluciones que desmontan las mesas de negociación abiertas con tres estructuras armadas del país.
Las conversaciones canceladas correspondían al Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, agrupación surgida de la fractura de la Segunda Marquetalia; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, organización también identificada como Los Pachenca. El Gobierno sustentó la decisión en la ausencia de garantías reales de sometimiento a la justicia por parte de estos grupos, pese a los esfuerzos sostenidos durante meses para alcanzar acuerdos verificables.
Como parte de la misma medida, la Presidencia retiró el reconocimiento oficial otorgado a los representantes gubernamentales que lideraban esos procesos. Armando Novoa García dejó de ser reconocido como jefe negociador y su equipo, integrado entre otros por Parmenio Cuéllar y María Camila Moreno, quedó igualmente desvinculado de sus funciones.
Frente a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el mandatario ordenó además reactivar las órdenes de captura contra sus cabecillas, endureciendo el tono frente a esta estructura en particular.
La decisión no resulta sorpresiva: desde su discurso de posesión, De la Espriella había advertido que agotaría la vía del diálogo y privilegiaría el uso de la fuerza como eje de su estrategia de seguridad, marcando así un giro radical respecto al enfoque negociador que predominó en el cuatrienio anterior.
