El gobierno de México respondió a la solicitud de información que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) requirió sobre los indicios de que en el país esta práctica es generalizada o sistemática, pero se negó a que se haga pública su respuesta.
Sin embargo, las autoridades federales mexicanas pidieron que su informe fuera confidencial -que se guarde secrecía-, de acuerdo con la base de datos de dicho organismo.
