Por Karina A. Rocha Priego
Lo que ocurre hoy en México con la inversión extranjera, es el reflejo de una política económica que ha confundido la justicia fiscal con el castigo, la rendición de cuentas con la persecución, y la responsabilidad hacendaria con el terrorismo tributario, el gobierno ha decidido convertir al contribuyente en enemigo y al inversionista en sospechoso, una estrategia tan torpe como peligrosa que amenaza con costarle al país miles de empleos, cientos de millones de dólares y, sobre todo, la confianza internacional que tanto tiempo costó construir.
El caso de Samsung Electronics México frente al SAT, no es un simple desacuerdo técnico sobre im-puestos, es el símbolo de una política que prefiere el garrote a la conciliación, el escarnio a la negociación y la incertidumbre a la estabilidad, se trata de un mensaje directo del gobierno a la comunidad empresarial: «aquí no queremos capital que cuestione ni empresas que exijan certeza jurídica», un mensaje devastador para un país que aspira a ser potencia manufacturera y socio estratégico de América del Norte.
La disputa gira en torno al programa IMMEX, creado para impulsar la exportación manufacturera mediante la importación temporal de insumos, el conflicto se concentra en la figura del «retorno virtual», una herramienta legal que ha permitido por años la competitividad de las maquiladoras, sin embargo, el SAT decidió reinterpretar su aplicación, acusando a Samsung de omitir el pago del IVA y exigiendo montos que oscilan entre 6 mil 700 millones y 300 mil millones de pesos, dependiendo del cálculo, una cifra descomunal que podría arrasar con los márgenes de rentabilidad de cualquier empresa, por sólida que sea.
Samsung, por su parte, asegura que el gobierno pretende aplicar una doble tributación, cobrando IVA tanto por los insumos importados como por los productos terminados vendidos en México, un despropósito fiscal que no sólo vulnera la lógica económica, sino que contradice tratados internacionales de libre comercio, la compañía ha optado por defenderse en tribunales, pero la Suprema Corte decidió no atraer el caso, dejándolo en manos de instancias menores, una decisión que la deja, en los hechos, en un estado de indefensión frente al aparato recaudatorio más poderoso del país.
Terrorismo fiscal disfrazado de justicia tributaria
El SAT, en su cruzada por inflar la recaudación, parece haber olvidado que cada empresa que se va deja tras de sí una estela de desempleo, una cadena de proveedores quebrados y una comunidad más empobrecida, cuando la autoridad fiscal convierte la interpretación de la ley en un arma, deja de cumplir su función de equilibrio y se transforma en un actor político con motivaciones ideológicas más que técnicas, el resultado es una economía que se paraliza por miedo, donde el empresario prefiere no invertir antes que arriesgarse a una auditoría arbitraria o a una multa confiscatoria.
El caso Samsung no es un hecho aislado, es la punta de un iceberg que ya está hundiendo la nave industrial mexicana, si el gobierno insiste en validar este tipo de interpretaciones punitivas, miles de empresas del programa IMMEX, enfrentarán situaciones similares, el mensaje a los inversionistas extranjeros será inequívoco: México ha dejado de ser un socio confiable, la política fiscal se ha convertido en un obstáculo en lugar de un incentivo.
El daño colateral alcanza incluso al propio Estado, cada peso que se va en fuga de capitales es un peso menos para infraestructura, para mantenimiento urbano, para obra pública, los datos son contundentes, en lo que va de 2025 se han retirado más de 103 mil millones de pesos en capitales invertidos en instrumentos gubernamentales, sólo en abril, la salida alcanzó 41 mil 864 millones, una sangría de confianza que se traduce en calles deterioradas, obras detenidas, hospitales sin in-sumos y dependencias con sueldos atrasados, incluyendo al propio SAT, cuyos trabajadores amenazan con huelga por falta de recursos.
Desconfianza, fuga y pérdida de futuro
México está empujando fuera a los mismos inversionistas que durante décadas apostaron por su potencial, Samsung, una de las principales generadoras de empleo en el sector electrónico, ha advertido que reconsiderará su permanencia si no se alcanza una solución constructiva, si una empresa con más de veinte años de operaciones y una inversión multimillonaria en infraestructura tecnológica decide marcharse, el golpe será demoledor para la cadena de suministro y para la reputación del país como destino industrial.
El problema no se limita a la manufactura, el éxodo de capital afecta la estabilidad del peso, eleva el costo del financiamiento externo y erosiona la competitividad nacional, los inversionistas internacionales observan con preocupación cómo México pasa de ser un terreno fértil para el nearshoring a un territorio minado de incertidumbre, y todo por decisiones fiscales tomadas con criterio político y sin visión de largo plazo.
La ironía es que mientras el secretario de Eco-nomía, Marcelo Ebrard, busca atraer inversión internacional, el SAT se dedica a ahuyentarla con auditorías masivas y reclamos multimillonarios, es un juego de suma cero donde el país siempre pierde, el discurso oficial presume soberanía y justicia tributaria, pero lo que se observa en la práctica es un gobierno que confunde firmeza con hostilidad y autoridad con abuso, el resultado es un clima de desconfianza que frena el crecimiento, disuade el empleo formal y destruye la competitividad.
México está en una encrucijada, puede optar por la sensatez económica y la certeza jurídica, o persistir en la ruta del populismo fiscal que criminaliza la inversión y celebra la fuga de capital como victoria ideológica, el caso Samsung será recordado como el punto de quiebre, el momento en que el país decidió entre ser un destino confiable o un territorio hostil para el capital productivo, si no se corrige el rumbo, el futuro económico de México estará hipotecado por una política tributaria que confunde la justicia con la venganza.
Crecen amenazas de huida
Por lo pronto, varias corporaciones internacionales ya reconsideran su permanencia o expansión en el país ante la fiscalización agresiva y los criterios arbitrarios del SAT, que han derivado en litigios millonarios y congelamiento de proyectos.
El caso más emblemático es Samsung Electronics México, la cual advirtió que, si no se resuelve el conflicto, reducirá operaciones o trasladará su producción a otros países de América Latina.
En el sector automotriz, Toyota, Stellantis, KIA y General Motors han pausado o replanteado planes de expansión por falta de certeza jurídica y aduanera. En energía, firmas como Iberdrola, Enel y Repsol ya recortaron inversiones, mientras que compañías de tecnología como Amazon, Mercado Libre y Uber denunciaron un incremento desproporcionado en la carga tributaria.
Datos financieros confirman la desconfianza: en lo que va de 2025, más de 100 mil millones de pesos en capitales extranjeros han salido de instrumentos del gobierno, la mayor fuga desde la pandemia.
La pérdida potencial supera 250 mil empleos directos e indirectos, afectando al nearshoring y debilitando el atractivo industrial del país.
Y volvemos a insistir, si no se corrige el rumbo, México podría pasar de ser destino estratégico de inversión a zona de riesgo fiscal y jurídico.
