El gobierno mexicano deberá indemnizar con 270 millones de dólares a un grupo de inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, tras el fallo de una Corte de Canadá que revirtió la determinación que dio un panel en el 2024.
La historia es conocida en el sector. Lo que no se está diciendo con suficiente claridad es lo que este fallo realmente significa hoy.
Porque no se trata de un litigio más; es una señal de cómo decisiones operativas, tomadas en momentos de presión financiera, terminan convirtiéndose en pasivos internacionales que nadie presupuestó.
