* Restricciones de acceso y operación evidencian un sistema alejado de la realidad social……
Por Karina A. Rocha Priego
El pasado 2 de febrero, después de 12 años de retrasos, ajustes presupuestales y una larga lista de promesas oficiales, comenzaron las operaciones del último tramo del Tren Interurbano México-Toluca con llegada a la estación Observatorio, un proyecto presentado como emblema de modernidad, movilidad eficiente y beneficio directo para la población usuaria, sin embargo, lejos de convertirse en una solución real para miles de personas, el tren ha empezado a exhibir un problema de fondo, su diseño operativo y sus reglas de uso parecen pensadas para excluir más que para integrar.
Desde los primeros días de funcionamiento, cientos de personas han optado por abstenerse de utilizar el servicio, no por falta de interés sino por el temor constante a que se les impida el ingreso aun cuando hayan pagado su boleto, la incertidumbre se ha convertido en una constante, usuarios que no saben si podrán subir si llevan una mochila grande, una bolsa de compras o herramientas de trabajo, un transporte que genera miedo a ser rechazado deja de ser una opción confiable.
El caso de la estación Santa Fe se ha vuelto emblemático, usuarios que descienden con la intención de realizar compras básicas en el centro comercial o adquirir insumos necesarios para su hogar o su trabajo, descubren que regresar en el tren es prácticamente imposible, cualquier bolsa adicional puede ser considerada riesgosa por la administración, no existe una paquetería autorizada ni criterios claros, la consecuencia es absurda, el tren funciona solo para trayectos lineales pero no para actividades cotidianas.
La pregunta es inevitable, ¿de qué sirve un transporte con tecnología de punta si no puede ser utilizado de manera libre y lógica por la población?, ¿de qué sirve invertir miles de millones de pesos si el usuario es tratado como un problema y no como el centro del sistema?, la movilidad no se resuelve con trenes nuevos sino con reglas que entiendan cómo vive la gente.
Con la llegada a Observatorio se esperaba un incremento considerable en el número de usuarios, incluso se hablaba de que la demanda podría triplicarse, sin embargo, la saturación persiste y el impacto real es limitado, miles de personas siguen recurriendo al transporte ordinario o a sus automóviles particulares, no porque prefieran contaminar o perder tiempo, sino porque el tren no da abasto o simplemente no les permite viajar con lo indispensable y a decenas de usuarios se les ha negado el acceso, precisamente por lo que llevan en manos.
Lo más grave es que este sistema no parece haber sido pensado para la gente de menores recursos, trabajadores que cargan herramientas, mochilas, loncheras o materiales básicos para su jornada diaria, estudiantes con útiles voluminosos, personas que no pueden darse el lujo de viajar ligeros, todos ellos se enfrentan a un filtro rígido que desconoce su realidad, no se trata de subir objetos peligrosos ni de convertir los vagones en bodegas, se trata de permitir un margen razonable acorde a la vida laboral y social.
En la práctica, muchos trabajadores son obligados a elegir entre usar el tren o llevar lo necesario para trabajar, una decisión que evidencia el profundo divorcio entre el proyecto y su supuesto objetivo social, el discurso oficial habla de ahorro de tiempo y mejora en la calidad de vida, pero en los hechos el tren solo funciona para quien cumple con un perfil muy específico, casi idealizado, que poco tiene que ver con la mayoría de los usuarios reales.
A esto se suma el trato que reciben quienes logran ingresar, revisiones exhaustivas, mochilas abiertas, inspecciones corporales y miradas de sospecha, trabajadores y estudiantes son revisados como si fueran delincuentes, una política que resulta excesiva humillante e insultante, la seguridad no puede sostenerse a partir de la desconfianza generalizada ni del maltrato sistemático.
Las reglas de acceso al Tren Interurbano El Insurgente dejan claro el enfoque restrictivo, para ingresar es indispensable contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada o adquirir un boleto con código QR, el acceso es personal e intransferible, el costo puede alcanzar hasta 90 pesos en el trayecto completo de Observatorio a Zinacantepec o viceversa, no se permite el ingreso con zapatos que tengan tacos o tachones, ni con equipaje mayor a 80 por 60 por 30 centímetros, además la tarjeta o el código deben usarse tanto para entrar como para salir de la estación.
En el papel, estas normas buscan orden y seguridad, pero en la realidad operan como filtros de exclusión, el transporte público no puede funcionar bajo la lógica de un aeropuerto ni exigir estándares que ignoran las condiciones sociales del país, la mayoría de las personas no mide sus pertenencias antes de salir de casa ni puede dejar objetos porque el sistema no los admite.
El tren también fracasa como alternativa en contextos de crisis urbana, en días de cierres bloqueos o manifestaciones, cuando la movilidad se vuelve caótica, este sistema debería ser un refugio eficiente, pero sus propias restricciones lo convierten en un servicio poco flexible incapaz de responder a la emergencia cotidiana de la ciudad.
El problema de fondo no es técnico sino político y social, el Tren Interurbano fue concebido más como una obra para presumir que como un servicio público integral, se priorizó la infraestructura sobre la experiencia del usuario, la imagen sobre la funcionalidad, el resultado es un tren moderno pero desconectado de la realidad.
Si el transporte no puede ser usado por todos, entonces no cumple su función pública, urge revisar las políticas de acceso flexibilizar criterios habilitar paqueterías y capacitar al personal para garantizar un trato digno, de lo contrario, el Tren Interurbano seguirá avanzando sobre rieles nuevos, pero dejando atrás a quienes más lo necesitan, confirmando que la modernidad sin inclusión no es progreso sino simulación.
