Por Karina A. Rocha Priego
Versiones sobre presuntas investigaciones estadounidenses y cancelaciones de visas colocan bajo cuestionamiento a integrantes del gobierno estatal. La falta de pruebas públicas exige esclarecer los rumores sin convertirlos en sentencias anticipadas.
En las esferas políticas del Estado de México comienza a circular una versión que, por sus implicaciones, merece atención: se dice que autoridades estadounidenses tendrían bajo observación a personajes vinculados con la estructura de gobierno y seguridad de la entidad. Entre los nombres mencionados aparecen Horacio Duarte Olivares, Cristóbal Castañeda Camarillo y Carlos Alberto Hernández Leyva.
El asunto es delicado, pues las versiones hablan de supuestas investigaciones relacionadas con corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales, sin embargo, hasta ahora no se han presentado documentos oficiales que acrediten tales afirmaciones, pero estarán de acuerdo en que esos rumores “no surgen de la nada” y por algo salen a relucir.
Ahora bien, tampoco resulta conveniente ignorar que estos rumores afectan la confianza pública, ya que, cuando las versiones involucran a quienes tienen responsabilidades sobre la gobernabilidad y la seguridad de millones de mexiquenses, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué información pueden ofrecer las instituciones para esclarecerlas?.
Horacio Duarte, entre versiones y cuestionamientos
Se dice que Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, estaría mencionado en supuestos reportes estadounidenses, circulando la versión de que le habría sido retirada su visa para ingresar a Estados Unidos.
La importancia política del asunto radica en que Duarte ocupa una posición estratégica dentro de la administración de Delfina Gómez Álvarez y su responsabilidad comprende la interlocución política y la coordinación institucional en una entidad marcada por complejos desafíos de seguridad.
Por ello, cualquier señalamiento debe examinarse con rigor. La cercanía con otros funcionarios, la participación en nombramientos o las relaciones políticas no constituyen pruebas de complicidad delictiva, no por el momento, pero sí puede exigirse claridad respecto de los mecanismos mediante los cuales se evalúa a quienes ocupan posiciones sensibles dentro del gabinete.
Seguridad estatal, bajo escrutinio
Otro nombre mencionado es Cristóbal Castañeda Camarillo, actual secretario de Seguridad, cuya trayectoria incluye haber encabezado la seguridad pública de Sinaloa entre 2018 y 2023.
Recordemos que la gestión de este, fue la de los dos “culiacanazos”, cuestionándole fuertemente por el manejo operativo de los dos enfrentamientos mayores contra el Cártel de Sinaloa en Culiacán: el primero, el 17 de octubre de 2019 (la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán), y el segundo, el 5 de enero de 2023 (el operativo de reapertura de captura de Ovidio Guzmán), hechos con los que quedó evidenciada la vulnerabilidad del Estado frente a las células del crimen organizado y Cristóbal Camarillo estuvo al frente.
También aparece Carlos Alberto Hernán-dez Leyva, subsecretario de Policía Estatal, quien cuenta con antecedentes profesionales en instituciones militares y de seguridad.
Las versiones que circulan intentan relacionar esas trayectorias con investigaciones estadounidenses y con el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Sin embargo, hoy, la verdadera discusión debería concentrarse en los resultados de los controles de confianza, los procedimientos de selección y la supervisión de los mandos responsables de combatir la delincuencia.
El Estado de México necesita instituciones capaces de explicar cómo previenen la infiltración criminal, sin esperar a que una controversia mediática ponga en duda sus mecanismos internos.
Higinio Martínez y las versiones sobre visas
El senador Higinio Martínez Miranda también aparece mencionado en versiones sobre un supuesto retiro de visa estadounidense.
Aunque el legislador ha opinado públicamente sobre las cancelaciones de visas a políticos mexicanos, asegurando que una cancelación migratoria, no equivaldría automáticamente a una responsabilidad penal, pero, nunca en los “nuevos tiempos políticos” del Estado de México se había dado un caso tan controversial entre la clase política mexiquense, como el de perder las visas estadounidenses por presuntas investigaciones de “crimen organizado” cuando, la relación México-Estados Unidos, era verdaderamente estrecha y hoy, está en duda.
El problema surge cuando los rumores sustituyen a las pruebas y las especulaciones comienzan a utilizarse como instrumentos de confrontación política.
En ese ambiente, tanto quienes difunden acusaciones como quienes las rechazan tienen responsabilidades distintas: los primeros deben presentar evidencias; los segundos, pueden contribuir a esclarecer los hechos mediante información verificable.
Delfina Gómez y la responsabilidad institucional
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfrenta una responsabilidad que trasciende cualquier diferencia entre grupos políticos: garantizar que las instituciones estatales funcionen bajo controles efectivos y transparentes.
No se trata de exigir destituciones basadas en rumores, sino de conocer qué mecanismos existen para investigar posibles irregularidades, evaluar nombramientos y prevenir conflictos de interés.
La participación de autoridades federales, incluida la Secretaría de Seguridad y Protec- ción Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, debe entenderse dentro de los procedimientos legales de coordinación, sin embargo, se dice que este, está perfectamente enterado de los “rumores” que circulan en torno a servidores públicos del Estado de México, obligándose a estar preparado para cuando salgan a relucir las confirmaciones de estos supuestos “rumores”, y es que, cuando se trata de seguridad pública, la transparencia protege tanto a la ciudadanía como a los funcionarios injustamente señalados.
Al final, la pregunta no es cuántos rumores circulan desde Washington, sino qué tan sólidos son los mecanismos mexicanos para distinguir una acusación de una prueba y garantizar que cualquier responsabilidad, sea investigada conforme a derecho.
