Miles de denuncias contra servidores públicos, y ni una sola respuesta

Por Karina A. Rocha Priego

Casi diez investigaciones diarias por presuntos delitos de funcionarios, miles de observaciones al manejo de recursos públicos y cuestionamientos sobre los mecanismos de sanción exhiben los desafíos de la justicia y la fiscalización mexiquense, mientras la ciudadanía exige resultados y responsabilidades concretas.

El Estado de México enfrenta un preocupante escenario de denuncias contra servidores públicos, con 2 mil 771 carpetas de investigación iniciadas entre enero y septiembre de 2026 por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de funciones gubernamentales, una cifra equivalente a diez investigaciones diarias que obliga a cuestionar la eficacia de los mecanismos de vigilancia, supervisión y sanción, particularmente cuando las denuncias por abuso de autoridad involucran actuaciones de elementos policiales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Lo verdaderamente inquietante no es solamente el volumen de investigaciones, sino la ausencia de información pública suficientemente desglosada que permita conocer cuántos expedientes terminaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o sanciones administrativas, porque abrir una carpeta representa apenas el inicio de un procedimiento que debería esclarecer hechos, identificar responsables y garantizar justicia.

Abuso de autoridad, una constante preocupante

Las estadísticas muestran que marzo concentró 340 investigaciones, febrero, 339, y enero acumuló 338, mientras septiembre cerró con 306 expedientes, cantidades que reflejan la persistencia de denuncias durante los primeros nueve meses del año y la necesidad de examinar las condiciones institucionales que permiten la repetición de conductas presuntamente ilegales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga delitos como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, intimidación y ejercicio abusivo de funciones, conductas que pueden afectar directamente a ciudadanos, empresas y comunidades cuando quienes ejercen autoridad utilizan indebidamente las facultades que les fueron conferidas.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, enfrenta el desafío de fortalecer los controles internos y la supervisión de las corporaciones policiales bajo su competencia, mientras los gobiernos municipales deben responder por la actuación de sus propios elementos, sin trasladar automáticamente responsabilidades entre instituciones con atribuciones diferentes.

Miles de observaciones al dinero público

El panorama adquiere otra dimensión con los resultados presentados el 12 de noviembre por la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham, quien entregó al Congreso local el informe correspondiente a la Cuenta Pública 2025, documento que contiene 7 mil 476 observaciones derivadas de revisiones financieras y de inversión física.

Las auditorías identificaron 4 mil 908 observaciones sobre cumplimiento financiero y 2 mil 568 relacionadas con inversión física, además de 2 mil 257 pliegos de observación generados mediante distintas revisiones, cifras que requieren seguimiento para determinar qué situaciones pueden aclararse administrativamente y cuáles ameritan investigaciones por posibles responsabilidades.

El organismo realizó 180 auditorías, de las cuales 105 correspondieron al ámbito municipal y 75 al estatal, un incremento de 10,4 por ciento respecto al programa anterior, aunque el aumento de revisiones no garantiza por sí mismo que los recursos públicos estén mejor protegidos.

Una interrogante particularmente relevante permanece abierta, cuál es el monto total de recursos involucrados en los pliegos de observación, información indispensable para dimensionar los hallazgos y conocer los posibles impactos presupuestarios.

Congreso y autoridades, obligados a responder

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfrenta la responsabilidad de fortalecer los mecanismos preventivos dentro de la administración estatal, mientras el Congreso mexiquense, presidido en su Junta de Coordinación Política por José Francisco Vázquez Rodríguez, debe ejercer sus facultades de vigilancia y seguimiento sobre los resultados de fiscalización.

La existencia de observaciones administrativas no demuestra necesariamente delitos, del mismo modo que una carpeta de investigación no acredita culpabilidad, pero ambas realidades justifican exigir información verificable, procedimientos oportunos y resoluciones que permitan distinguir errores administrativos, incumplimientos legales
y conductas deliberadamente ilícitas.

El desafío es sancionar, no solamente investigar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los órganos internos de control, el Tribunal de Justicia Administrativa y las autoridades fiscalizadoras tienen atribuciones distintas, pero sus resultados deben permitir conocer si existen consecuencias efectivas para quienes infringen la ley.

El verdadero problema institucional comienza cuando la ciudadanía desconoce qué ocurrió con sus denuncias, cuánto tiempo permanecieron abiertas las investigaciones, qué recursos fueron recuperados y cuántos responsables recibieron sanciones firmes.

Con las elecciones de 2027 acercándose, la transparencia municipal y estatal adquiere especial relevancia, pues los ciudadanos necesitan elementos comprobables para evaluar el desempeño de sus autoridades.

El Estado de México no necesita solamente estadísticas de investigaciones y auditorías, necesita conocer sus resultados, porque la rendición de cuentas pierde eficacia cuando los expedientes se multiplican, pero las respuestas permanecen fuera del alcance público.

Sin lugar a dudas, es verdaderamente escandaloso que haya más de 2 mil 771 carpetas de investigación sobre servidores públicos y que no hayan prosperado aún, sobre todo cuando se dice con el mayor número de carpetas corresponden a funcionarios emanados de Morena.

Aquí, una vez sale a relucir “… si eres de Morena, tu delito, por muy grave que sea, queda impune”.

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