Por Karina A. Rocha Priego
Hay una pregunta que el gobierno de Claudia Sheinbaum no parece tener interés en responder y que, tarde o temprano, tendrán que hacerse millones de mexicanos: ¿qué ocurrirá cuando el dinero ya no alcance para repartirlo como hoy?.
Porque una cosa es combatir la pobreza y otra es convertir la pobreza en una herramienta de dependencia política.
El gobierno defiende sus programas sociales como una conquista histórica y nadie puede negar que ayudar a una persona que no tiene ingresos suficientes es una obligación moral de cualquier Estado, pero el problema aparece cuando el apoyo deja de ser un puente hacia una vida mejor y se convierte en el destino final de millones de mexicanos.
El problema no es ayudar: es no sacar de la pobreza
La pregunta incómoda es esta: ¿cuántos de quienes reciben un apoyo gubernamental están pensando en que ese dinero debería servir para que algún día ya no lo necesiten?.
Porque mientras el gobierno presume transferencias, pensiones y becas, México sigue enfrentando enormes carencias en hospitales, escuelas, infraestructura y servicios básicos y, curiosamente, esas carencias las siguen sufriendo quienes “estiran la mano” y también aquellos a los que les han “robado sus ahorros”, en todas las formas posibles.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 asigna recursos multimillonarios a los programas de Bienestar; la pensión para adultos mayores, por ejemplo, concentra una parte enorme de esos recursos, junto con Sembrando Vida, la pensión para mujeres y otros programas y un gobierno no puede medir su éxito solamente por cuánto dinero entrega, debe medirlo por cuántas familias dejan de necesitarlo.
Ahí está el verdadero desafío, pero ¿y los niños?
Mientras se entregan apoyos, hay una pregunta que no puede desaparecer de la discusión pública: ¿qué pasa con el niño que necesita atención médica especializada?, ¿qué ocurre con el menor que enfrenta cáncer, diabetes u otra enfermedad y cuya familia necesita un sistema de salud capaz de responder?.
No se trata de afirmar que cada peso entregado a un beneficiario se le está quitando directamente a un enfermo, ello sería una simplificación irresponsable, sin embargo, claro que existe esa gran posibilidad.
Se trata de algo mucho más serio: el presupuesto es finito y cada decisión política implica prioridades.
Cuando el Estado destina cantidades crecientes a programas permanentes, tiene que demostrar también que puede financiar hospitales dignos, medicamentos oportunos, tratamientos especializados, escuelas funcionales, agua potable, seguridad e infraestructura, porque una transferencia de dinero puede aliviar una semana, un mes o incluso un año, pero un hospital que funciona puede salvar una vida; una escuela digna puede cambiar una generación y una educación de calidad puede sacar a una familia completa de la pobreza.
El dinero no aparece por decreto
Hay otra realidad que tampoco conviene esconder debajo de la propaganda: el dinero que distribuye el gobierno no pertenece al gobierno, es dinero de los mexicanos; proviene de impuestos, contribuciones, ingresos públicos y, cuando no alcanza, también de financiamiento.
Para 2026, el propio gobierno reconoce que busca incrementar la recaudación tributaria y proyecta ingresos tributarios equivalentes a 15.1 % del PIB y de igual manera, contempla un déficit y una deuda pública que, según sus propias estimaciones, llegaría a 52.3 % del PIB, por eso la discusión no debería ser si ayudar a los pobres está bien, claro que está bien.
La discusión es si estamos construyendo ciudadanos con oportunidades o ciudadanos dependientes de una transferencia, porque el dinero público tiene una característica terrible: se acaba.
El futuro también cobra facturas
Hoy puede parecer suficiente recibir una ayuda, mañana puede no serlo y, pasado mañana puede no existir.
¿Qué ocurrirá entonces con las familias que no tuvieron acceso a una educación capaz de darles mejores oportunidades? ¿Qué sucederrá con los jóvenes que no encontraron empleos bien pagados? ¿Qué pasará con los niños que crecieron dependiendo de un sistema que les enseñó a esperar el siguiente depósito, pero no necesariamente a construir su propia independencia?.
Ese es el verdadero riesgo y no que el gobierno ayude, sino que la ayuda sustituya al desarrollo, pues si un gobierno necesita mantener permanentemente a millones de personas dependiendo de él para conservar su popularidad, entonces el problema no está resuelto: simplemente está administrado.
Y hay algo todavía más grave, pues si las finanzas públicas se aprietan, si aumenta el costo de las obligaciones, si disminuyen los ingresos o si la economía no crece lo suficiente, llegará el momento de elegir:
¿Más transferencias? ¿Más impuestos? ¿Más deuda? ¿Menos hospitales? ¿Menos infraestructura? ¿Menos educación? y la aritmética no entiende de ideologías.
La pregunta que nadie quiere hacerse
Quizá quienes hoy reciben un apoyo deberían preguntarse algo más profundo que cuánto depositarán el próximo mes, deberían preguntarse qué país estarán dejando para sus hijos, aunque, siendo honestos, y sin pretender discriminar a nadie, el nivel educativo de los mal llamados “chairos” -mote inventado por el propio Andrés Manuel López Obrador para la gente que le servía con los ojos cerrados- no da como para pensar en que a quienes están destruyendo es a sus propios hijos, su futuro, su desarrollo.
Quienes “sólo estiran la mano”, ya se acostumbraron a ¡no hacer nada productivo!, están acostumbrados a no generar más recursos, y aplauden al gobierno asistencialista para se-
guir siendo “unos mantenidos”.
Pero estarán de acuerdo en que una nación no puede sostener indefinidamente la promesa de que el gobierno resolverá la vida de todos y el verdadero bienestar no consiste en recibir una dádiva eterna, consiste en tener un empleo digno, una escuela que enseñe, un hospital que atienda, seguridad para salir a trabajar y una economía que permita progresar sin tener que estirar la mano frente al poder político.
El gobierno puede presumir cuántos millones de mexicanos reciben un apoyo, pero la verdadera pregunta es otra: ¿Cuántos millones de mexicanos dejarán de necesitarlo?.
Porque si la respuesta nunca llega, entonces quizá no estamos construyendo un país menos pobre, sólo uno más sumiso, más dependiente, más inservible.
