El pasado 12 de agosto de 2025, el gobierno mexicano concretó la entrega a autoridades estadounidenses de 26 individuos relacionados con actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado. Esta acción se realizó bajo órdenes de extradición emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que aseguró no solicitar la pena capital para ninguno de los involucrados.
Las autoridades mexicanas, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicaron que estas personas representan una amenaza constante para la seguridad nacional. Los extraditados tendrían vínculos con grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como con otras organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas.
