En una evolución reciente de esta política, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado el espectro de los productos sujetos a aranceles, incorporando el cobre a la lista. Este metal, considerado estratégico por su relevancia en sectores como la construcción, la electrónica, el automotriz y la transición hacia energías renovables, pasa a formar parte de las medidas proteccionistas. Las autoridades estadounidenses sostienen que la aplicación de aranceles al cobre responde a la necesidad de proteger a la industria nacional, impidiendo la entrada de este recurso a precios que amenacen la competitividad de los productores locales. Expertos en comercio y economía advierten que la inclusión del cobre en esta política podría desencadenar un efecto dominó en la cadena de suministro, afectando no solo a quienes extraen y procesan el metal, sino también a los sectores que dependen de él, al tiempo que podría incentivar a países exportadores a adoptar medidas de represalia.
